Vito Quiles dice a la jueza que no quiso calumniar a funcionario del Ministerio de Trabajo

Madrid, 20 jul (EFE).- El agitador mediático Vito Quiles ha declarado este lunes en un juzgado de Madrid que no tuvo intención de calumniar a un funcionario del Ministerio de Trabajo cuando dijo que este era asesor de Yolanda Díaz y que por mediación de esta fue excarcelado tras ser condenado a siete años de prisión por agresión sexual.

Vito Quiles ha comparecido con casi una hora de retraso ante la jueza de Madrid que ordenó en su día su detención por un presunto delito contra el honor de este funcionario, que presentó contra él una querella en la que niega que sea asesor de la ministra Yolanda Díaz.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas Vito Quiles ha explicado a la jueza que fue precisamente la supuesta víctima de la agresión sexual quien le informó a través de mensajes de texto.

Quiles, que solo ha respondido a las preguntas de su abogado, Juan Gonzalo Ospina, ha manifestado que después de enterarse de que el hombre había sido puesto en libertad, contactó con un funcionario de la prisión de Navalcarnero (Madrid), que le confirmó que en la misma estuvo interna una persona con el nombre y apellidos del querellante.

Ha asegurado que su intención era informar a la opinión pública y que no pretendía ofender a nadie y ha añadido que ofrece sus disculpas en el caso de que la información no sea correcta, mientras que su defensa ha solicitado al juzgado la práctica diligencias para demostrar que el asesor sí que fue condenado.

En su querella el funcionario mantuvo que Quiles difundió su nombre completo y una fotografía, lo que le puso en riesgo e "incrementó exponencialmente el daño causado" al provocar "una persecución pública" con cientos de reacciones y comentarios de usuarios de las redes profiriendo "insultos, vejaciones y amenazas".

Por estos hechos la representación legal del querellante reclama Vito Quiles el pago de 50.000 euros por daños morales y profesionales.

En esta causa Quiles fue citado en un primer momento para prestar declaración el pasado 9 de junio y posteriormente el 25, pero, al no acudir, la jueza dictó un auto en el que ordenaba su detención por sustraerse a la acción de la Justicia.

En virtud de esa medida cautelar la Policía Nacional se presentó el pasado día 2 dos en la oficina de Estado de Alarma (EDATV), donde trabaja el activista, para detenerle, pero los agentes no consiguieron localizarle y posteriormente la jueza levantó la orden de búsqueda y captura ante la disposición del querellado a comparecer.

Esta causa se suma a las otras cuatro que el agitador tiene abiertas en distintos juzgados, una de ellas tras una querella de Renfe por un supuesto delito de estafa al detectar al menos 17 viajes en AVE en los que habría comprado billetes para trayectos cortos —como de Alicante a Albacete—, pero continuaba viajando hasta Madrid.

El resto de procedimientos se deben a la presunta revelación de secretos y acoso a la exministra Beatriz Corredor, injurias a Rubén Sánchez, secretario general de la organización de consumidores Facua, y un presunto delito de odio por mofarse de una mujer con discapacidad que se manifestó contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en 2024. EFE