Ni flotadores gigantes ni colchonetas en la piscina: la comunidad de vecinos puede prohibirlos según la ley

El verano convierte las piscinas comunitarias en el espacio más utilizado de las urbanizaciones. También es la principal causa de algunas discusiones habituales entre vecinos, como la posibilidad de entrar en el agua con colchonetas o flotadores gigantes. La comunidad puede limitar o prohibir estos objetos, pero la decisión no puede tomarse de manera informal.

La Ley de Propiedad Horizontal permite aprobar normas de régimen interior para regular la convivencia y el uso adecuado de los servicios y elementos comunes. Entre ellos se encuentra la piscina, por lo que la comunidad puede establecer horarios, condiciones de acceso y restricciones sobre determinados objetos.

No existe, sin embargo, una prohibición general de utilizar hinchables en todas las piscinas comunitarias de España. Cada propietario o residente deberá consultar las reglas de su edificio o urbanización para saber si están permitidos y bajo qué condiciones.

La prohibición debe aprobarse en una junta de propietarios

El presidente, el administrador de fincas o un grupo de residentes no pueden decidir por su cuenta que las colchonetas quedan prohibidas de manera permanente. La medida debe someterse a la junta de propietarios y aprobarse con la mayoría correspondiente.

En primera convocatoria se necesita el respaldo de la mayoría del total de propietarios, que represente también la mayoría de las cuotas de participación. En segunda convocatoria será suficiente con la mayoría de los asistentes, siempre que estos representen más de la mitad de las cuotas presentes.

Cuando se trata únicamente de organizar el uso cotidiano de la piscina, la restricción puede incorporarse al reglamento de régimen interior. Normalmente, no es necesario modificar los estatutos de la comunidad ni inscribir el acuerdo en el Registro de la Propiedad.

Una vez aprobada, la norma debe comunicarse a los residentes. También es recomendable que aparezca de forma visible en el recinto para que propietarios, inquilinos e invitados puedan conocerla antes de entrar en el agua.

Las comunidades pueden justificar la limitación por razones de seguridad y convivencia. Los grandes hinchables ocupan buena parte del vaso, pueden dificultar el movimiento de otros usuarios y reducir la visibilidad sobre lo que sucede debajo o detrás de ellos.

El socorrista puede pedir que se retire un objeto peligroso

El Real Decreto 742/2013 establece las condiciones técnico-sanitarias básicas de las piscinas y considera las comunitarias piscinas privadas de tipo 3A. También obliga a informar a los usuarios sobre sus derechos, deberes y normas de utilización. Sin embargo, no contiene una prohibición específica de flotadores y colchonetas ni concede por sí solo al socorrista una facultad general para vetarlos.

No obstante, el personal de vigilancia sí puede exigir que se cumplan las reglas internas y pedir la retirada de un hinchable si crea un riesgo inmediato, impide controlar correctamente el agua o dificulta una posible intervención. Las funciones concretas del socorrista también dependerán de la regulación autonómica y municipal.

Qué ocurre si un vecino ignora las normas

Ante un incumplimiento, el primer paso suele ser advertir al usuario y pedirle que retire la colchoneta o el flotador. Si la conducta se repite y resulta peligrosa, molesta o perjudicial, el presidente puede realizar un requerimiento formal.

La comunidad no puede establecer libremente multas económicas por saltarse el reglamento, como cobrar una cantidad fija por introducir un hinchable. Sí puede reclamar el coste de los daños materiales que el vecino, sus familiares o invitados causen en las instalaciones.

En los casos más graves y reiterados, la junta puede autorizar al presidente a iniciar una acción de cesación. Se trata de una demanda judicial con la que la comunidad pide a un juez que obligue al vecino a poner fin a una conducta prohibida, molesta, peligrosa o perjudicial. Para ello, la comunidad tendría que acreditar que el comportamiento persiste y afecta a la seguridad o a los derechos del resto de residentes.