El Gobierno reitera que Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez es "inocente" y la causa judicial en la que está inmersa es "política", después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya confirmado la decisión del juez instructor Juan Carlos Peinado de enviarla a juicio con jurado popular.
No obstante, la Audiencia ha revocado las medidas cautelares fijadas por Peinado, que apreciaba riesgo de fuga, y devolverá el pasaporte a Gómez, que ya no tendrá prohibido salir del país ni deberá acudir periódicamente a firmar en el juzgado.
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El tribunal ha acordado mantener el juicio con jurado popular contra la esposa de Sánchez, aunque lo hace de forma parcial, únicamente por los delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Por el contrario archiva otros dos de los que Peinado acusaba a Gómez: corrupción en los negocios y apropiación indebida.
Los magistrados consideran que "parece perfectamente verosímil sostener" que Gómez "logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno, no solo para lograr la concesión de la cátedra -- que dirigió en la Universidad Complutense de Madrid-- sino para hacerlo de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto", según el auto recogido por Europa Press.
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Pese a todo, fuentes de Moncloa defienden que Gómez es "inocente" y consideran que todo el que conozca la instrucción judicial "sabe que se trata de una causa política", lamentan, que "tiene su origen en una denuncia falsa, basada en noticias falsas".
La única motivación de este proceso, señalan es "el acoso y la persecución a la mujer del Presidente del Gobierno", indican en la misma línea que viene trasladando el Ejecutivo desde el inicio de la causa.
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El Gobierno afronta en la misma semana dos decisiones judiciales sobre el entorno familiar de Sánchez, después de que este mismo martes la Audiencia de Badajoz condenase a su hermano, David Sánchez, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación por el puesto público que ostentó, dependiente de la Diputación provincial.
El Gobierno también criticó esta decisión y dijo que respetaba pero no compartía la sentencia al ver "inocente" al hermano del presidente y esperaba que instancias superiores corrigiesen esta decisión. Así, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, dijo que esta causa tenía como único origen "dañar al presidente" a través de su familia.
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