Madrid, 15 jul (EFE).- La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha dicho este miércoles que no han recibido encargo de elaborar un informe acerca de cómo afectaría el cierre de la central nuclear de Almaraz al sistema eléctrico español, y ha aclarado que cualquier eventual opinión que puedan emitir en el futuro será técnica.
Y es que Red Eléctrica, tecnológicamente, es "neutral" y además no entra en cuestiones de política energética, ha explicado Corredor en un encuentro en Nueva Economía Fórum, un día antes de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aborde el debate y votación del dictamen sobre la prórroga de la instalación cacereña hasta 2030.
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Sobre qué posición tiene Redeia, como matriz del operador y transportista del sistema eléctrico español, sobre la continuidad del parque nuclear nacional, Corredor ha insistido en que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), aprobado por el Gobierno, el que define el 'mix' energético del país.
Este documento de política energética incluye, entre sus medidas, el calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares de España, pactado entre las empresas propietarias y Enresa en 2019, ha recordado.
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En dicho contexto, el operador del sistema lo que necesita es información de cuál es la tecnología disponible en cada momento, ha indicado la presidenta de Redeia, que ha aclarado que nadie les ha pedido ningún informe sobre la influencia que puede tener el cierre del primer grupo de Almaraz.
No obstante, cualquier posible pronunciamiento "será técnico porque (Red Eléctrica) no entra en decisiones de carácter estratégico ni de política energética", ya que no le corresponde y porque, desde el punto de vista tecnológico, es "neutral", ha subrayado.
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El CSN tiene previsto abordar este jueves el debate y la votación del dictamen sobre la prorroga de la central de Almaraz hasta 2030, frente al calendario vigente, que contempla la desconexión escalonada de sus dos reactores en 2027 y 2028.
En estos procedimientos, el organismo analiza, entre otros aspectos, el estado de los sistemas de seguridad, las inversiones realizadas por el titular, los programas de mantenimiento y las mejoras exigibles para garantizar que la instalación pueda seguir operando con los niveles de seguridad requeridos.
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Los dictámenes y acuerdos del pleno salen adelante por mayoría de votos de los miembros presentes, por lo que la aprobación requiere el 'sí' de, al menos, tres de sus integrantes.
Las tres propietarias de Almaraz -Iberdrola (53 %), Endesa (36 %) y Naturgy (11 %)- presentaron su petición formal de aplazar hasta junio de 2030 el cierre de la central ante el Gobierno, que remitió posteriormente la solicitud al CSN.
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Una vez que el pleno emita su resolución, la decisión pasará al Ejecutivo, que cuenta con un plazo de unos dos meses para conceder o denegar la ampliación de vida útil. Si para entonces no se hubiera autorizado la continuidad de la central, las empresas propietarias deberán solicitar formalmente el cierre de la central. EFE
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