Madrid, 14 jul (EFE).- Las nuevas leyes de discapacidad y de refundación del sistema de dependencia contemplará que el Estado asuma el 50 % de la financiación y ofrecerá más servicios, prestaciones y menos burocracia para los usuarios.
Estas son algunas de las claves del texto que hoy ha aprobado el Congreso de los Diputados por mayoría y con las discrepancias del PP y Vox y que tendrá que seguir su tramitación en el Senado.
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Ley de dependencia
- La financiación estatal en esta materia alcanzará el 50 % para blindar el sistema y evitar recortes en el futuro.
- El plazo para resolver una prestación por dependencia pasa de 6 meses a 3 meses.
- Las personas en situación de dependencia podrán recibir diferentes prestaciones sin que haya una incompatibilidad entre ellas. Si una persona en situación de dependencia puede quedarse en su casa, podrá acceder a prestaciones combinadas como ir a un centro de día, y a la vez tener otras prestaciones como cuidados en el entorno familiar o teleasistencia.
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- La asistencia personal se amplía más allá del entorno domiciliario y se regula como servicio del catálogo. Podrán acompañar al usuario a hacer la compra o ir al médico.
- El texto reconoce a nivel normativo la figura del cuidador o cuidadora principal, y lo complementa con la figura de cuidador o cuidadora no profesional.
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- Se reconoce que personas del mismo entorno relacional puedan ofrecer cuidados, lo que garantiza que una persona no familiar pueda ocuparse del cuidado de otra en situación de dependencia.
- La teleasistencia será reconocida de facto a toda persona que tenga reconocida una dependencia y se permitirá hacer un seguimiento de cómo está el usuario a través de otros dispositivos, como pulseras geolocalizables.
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- El Estado abonará las cotizaciones de las cuidadoras principales y garantizará su sustitución en caso de baja por enfermedad.
- Desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución.
- Se reconoce automáticamente un 33 % de discapacidad a aquellas personas a las que se les asigne un grado I de dependencia, y a las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65 % de discapacidad.
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- Las personas con discapacidad podrán reclamar la accesibilidad en servicios o en edificios que sean públicos.
- Se creará un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará rampas, infraestructuras o sistemas de audiodescripciones para los dependientes.
- Se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente a hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas y se rebaja del 75 % al 70 % el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad de propietarios.
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Actualmente, se estima que en España hay 100.000 personas que no pueden salir de sus casas porque sus viviendas no son accesibles.
- Cada familia con un niño o niña en situación de dependencia podrá exigir ante su comunidad autónoma que se le proporcione el tratamiento sin que dependa de la disponibilidad presupuestaria o de plazas.
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- Se prohíbe por ley la subida de precios de los seguros de hogar o de salud cuando la persona que quiere contratarlos tiene una discapacidad.
- Se regula la figura de un facilitador procesal que evitará situaciones de indefensión en los procesos judiciales de personas con dificultades.EFE
(foto) (vídeo) (audio)
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