30 años de Justicia Gratuita: un sector agotado, problemas endémicos y una reforma en ruta

Rafael Martínez

Madrid, 12 jul (EFE).- Cuando se cumplen 30 años de la ley que regula la Justicia Gratuita y con una reforma en camino, los miles de abogados y procuradores que la prestan denuncian los problemas endémicos de financiación de un servicio mal pagado, con desigualdades entre las regiones y que a veces no se llega a cobrar.

Este domingo se celebra el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, aunque los profesionales consultados por EFE consideran que no están para celebraciones ya que este servicio "no puede sostenerse sobre el sacrificio" de quienes lo prestan, pues "el sector está agotado", como así entienden que sucede en la actualidad.

La Constitución reconoce el derecho a asistencia jurídica gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, una condición que viene determinada por el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) según la unidad familiar.

Asimismo y con independencia de sus medios económicos, algo criticado por los profesionales, también puede acceder a este servicio, entre otros, las víctimas de terrorismo, de trata de seres humanos y de violencia de género, y quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente trabajar.

Es más, este es uno de los principales problemas de este servicio público como denuncia Juan Manuel Mayllo, responsable del turno de oficio en el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que entiende que "imponer su acceso para muchísimos colectivos con independencia de sus medios genera situaciones de desigualdad".

Pero ante todo denuncia que "el reto es la financiación" con "baremos insuficientes" y con "el abogado soportando realmente el coste" de ese servicio que también sufre de "abusos" con "personas que tienen 40 expedientes abiertos que luego son insostenibles".

Eso por no hablar, continúa, del trabajo gratis, es decir, de "los muchos casos en que la asistencia jurídica no se cobra cuando las solicitudes son denegadas o archivadas", algo que no ocurre en Madrid pero sí en las zonas del territorio Ministerio.

De hecho, para alzar la voz el turno de oficio recorrerá este verano las calles de Madrid a bordo de los autobuses de la EMT con una campaña bajo el lema "Madrid no descansa. El Turno de Oficio tampoco", para trasladar "a la ciudadanía el valor social de la abogacía de oficio y reivindicar mejores condiciones".

El diagnóstico del ICAM lo comparte la presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía, María del Mar García Calvo, que advierte de que "la creciente demanda del servicio hace imprescindible avanzar en la mejora de la financiación, en la actualización de los baremos y en el reconocimiento a los letrados".

Y también el Consejo General de Procuradores de España que subraya que "la Justicia Gratuita no puede seguir dependiendo del sacrificio económico de quienes la prestan" y reivindica "reformas urgentes e ineludibles" ante "la situación crítica de los profesionales".

Todo ello en un contexto en el las solicitudes alcanzan un máximo histórico de 1.115.311 en 2025, pero descienden los abogados adscritos al turno de oficio hasta 38.871 profesionales - a ellos hay que sumar unos 6.000 procuradores-, como recoge el XX Informe del Observatorio de Justicia Gratuita, que elabora el Consejo General de la Abogacía Española.

Por eso, el Consejo ha advertido de que seis comunidades autónomas podrían afrontar una situación crítica para garantizar el turno de oficio en 2030 si sigue la tendencia de debilitamiento de este servicio al contar cada vez con menos abogados inscritos.

Con este panorama, abogados y procuradores apuntan a Justicia, que ultima una reforma de la ley, de la que desconocen por completo si recogerá alguna de sus reivindicaciones históricas.

Fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes explican a EFE que "el anteproyecto está solo pendiente de pequeñas cuestiones técnicas e iniciará su tramitación en las próximas semanas", algo que no se antoja nada fácil habida cuenta del calendario y de las dificultades del Ejecutivo para sacar sus proyectos adelante en el Parlamento.

La reforma, entre otras cuestiones, incorpora cambios para garantizar condiciones homogéneas en el derecho a la asistencia jurídica gratuita en toda España, que serán objeto de la correspondiente indemnización, y regula las funciones, experiencia mínima, derechos y obligaciones de los profesionales que la prestan. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8007016807)