Sevilla/Almería, 10 jul (EFE).- El grave incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que arroja un balance provisional de once muertos y 19 personas sin localizar, centra sus investigaciones en un cable eléctrico privado como posible origen, mientras un gran dispositivo trabaja para estabilizar un fuego reavivado, que deja 600 desalojados en una zona que se convirtió en una "ratonera".
El cambio de viento ha propiciado que el incendio esté retornando al núcleo poblacional de Los Gallardos, especialmente a la zona del barranco de Alfaix, donde se va a llevar a cabo el desalojo de los 250 vecinos que se encuentran en la zona y la autovía A-7 se volverá a cortar al tráfico.
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Fuentes de la Guardia Civil han informado de que el Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística se ha incorporado a las actuaciones técnico-forenses requeridas por la autoridad judicial para el esclarecimiento de los hechos e identificación de los cuerpos.
Respecto al origen del siniestro, inicialmente situado en la caída de un cable en el kilómetro 511 de la carretera N-340A que provocó un "incendio de cuneta", tanto Red Eléctrica como Endesa han aclarado que la línea afectada no es de su propiedad.
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Técnicos de Endesa se desplazaron de madrugada a la zona y determinaron que se trata de una instalación privada que, según la información técnica disponible, carecía de tensión eléctrica.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, advirtió de que la extrema velocidad del fuego y la compleja orografía convirtieron los caminos en una trampa mortal, donde agentes del Grupo Especial de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) trabajan en una zona escarpada.
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Las autoridades han confirmado que cuatro de los fallecidos se encontraban en un coche mientras que, según el alcalde de Bédar, Ángel Collados, un grupo de nueve vecinos -en su mayoría extranjeros-no mi decidió huir a pie ignorando las recomendaciones de confinarse en sus fincas.
Siete de ellos fueron cercados por las llamas y fallecieron, mientras que los otros dos lograron salvarse, aunque el hallazgo de bastones de senderismo en el monte sugiere además que el fuego pudo sorprender a excursionistas en la zona.
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Además de las víctimas mortales, hay cuatro heridos graves por quemaduras severas trasladados en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y el resto recibe atención en los centros de Torrecárdenas (3) y La Inmaculada (1) de Almería.
El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha elevado a 600 la cifra de desalojados, de los cuales 193 permanecen acogidos en el teatro de Lubrín, el polideportivo de Garrucha y un convento en Antas, donde se atiende a una población vulnerable de niños, ancianos y enfermos.
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Para garantizar la seguridad, la Guardia Civil ha desplegado un contingente de más de 160 efectivos encargados de las evacuaciones, el control de las restricciones de tráfico en la autovía A-7 y la vigilancia de las áreas desalojadas para evitar actos delictivos en las viviendas diseminadas.
Asimismo, se mantiene habilitado el punto de atención a familiares en el puesto de Garrucha, mientras que en las tareas de extinción operan unos 500 profesionales.
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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado que la UME ha aumentado su despliegue hasta los 200 efectivos y 70 vehículos, que trabajan junto a una veintena de medios aéreos.
Las labores se concentran en contener el flanco derecho para evitar que alcance zonas de cultivo, mientras que el flanco izquierdo, muy activo e inaccesible por los barrancos, es atacado prioritariamente desde el aire ante el temor de un cambio en el viento.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una conversación telefónica con Juanma Moreno para analizar la catástrofe y garantizar la "máxima colaboración" y el despliegue total de los recursos estatales.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha suspendido su agenda oficial para seguir la evolución de la emergencia desde Madrid, y se ha sumado a las muestras de consternación de los Reyes y al ofrecimiento de recursos de las comunidades como Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana. EFE
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