Comunidades reprochan al Gobierno que ignore reclamaciones sobre el Reglamento de Costas

Madrid, 8 jul (EFE).- Varios gobiernos autonómicos, entre ellos los de Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, han reprochado este jueves al Gobierno durante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que haya ignorado la reclamación formulada por la mayoría de comunidades con litoral para paralizar el proyecto del nuevo Reglamento General de Costas.

Tras la reunión, telemática, a las que las Comunidades fueron convocadas por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, la Junta de Andalucía ha lamentado que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez haya decidido a "mantener sin cambios" la tramitación del proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento General de Costas y el marco de compatibilidad con las estrategias marinas, pese a las reclamaciones de la mayoría de comunidades sin litoral.

Según ha informado el Gobierno andaluz en un comunicado, la consejera en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, subrayó que una reforma de esta trascendencia no puede abordarse "sin un proceso previo de diálogo efectivo, cooperación institucional y respeto competencial".

"Sin embargo, la sesión se ha desarrollado nuevamente como una simple exposición informativa, sin abrir espacios reales de concertación ni incorporar las alegaciones de los territorios que, como Andalucía, estamos afectados", ha declarado.

Frente a estas críticas, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha recordado que la Junta ha tenido oportunidad de formular observaciones y aportaciones desde que se inició el trámite de consulta pública el pasado marzo y ha destacado que, en estos momentos, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) analiza todas las contribuciones recibidas y continúa con la tramitación prevista hasta la aprobación de la norma.

Ha recalcado asimismo que el objetivo de la modificación del Reglamento General de Costas es adaptar la normativa española a las exigencias del Derecho de la Unión Europea y persigue reforzar la seguridad jurídica, garantizando que el otorgamiento de concesiones para actividades económicas se lleve a cabo mediante procedimientos transparentes, imparciales y sujetos a concurrencia competitiva, en línea con los requerimientos trasladados por la Comisión Europea.

Por parte de la Generalitat valenciana, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha denunciado que el Gobierno central ha ignorado la reclamación formulada por una docena de comunidades para paralizar la tramitación de un proyecto que, a su juicio, "fomenta los deslindes, restringe derechos y afecta directamente a las competencias autonómicas".

"No tiene sentido traer esta cuestión si no se permite manifestar una posición mediante una votación, que era precisamente lo que solicitaban las comunidades autónomas", ha señalado Martínez Mus en un comunicado, al tiempo que ha advertido de que el proyecto de reglamento presenta "claras contradicciones con diversos preceptos de la propia Ley de Costas", lo que, en su opinión, obliga a replantear la reforma y abordar previamente una modificación de la norma legal.

El conseller valenciano ha mostrado la "total oposición" del Consell a la nueva regulación sobre compatibilidad con las estrategias marinas al considerar que introduce "nuevos criterios que generan incertidumbre y dificultan la gestión del litoral" y ha afirmado que la propuesta incorpora medidas que "restringen derechos" y alteran el reparto competencial previsto en la legislación vigente.

Asimismo, ha advertido de que el nuevo reglamento incrementará la inseguridad jurídica y favorecerá nuevos procesos de deslinde que pueden afectar a viviendas, actividades económicas e infraestructuras situadas en la costa, además de dificultar la gestión ordinaria de las administraciones autonómicas".

También el Gobierno murciano ha rechazado la reforma al considerar que incrementa la inseguridad jurídica, invade competencias autonómicas y no incorpora las alegaciones presentadas, por lo que ha pedido su retirada y un proceso de diálogo con las comunidades autónomas.

Durante la conferencia sectorial, el consejero murciano de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, ha reprochado al ministerio que utilice el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España "como justificación para modificar, a través del reglamento, materias cuya regulación está reservada a la Ley de Costas".

El Gobierno murciano ha sostenido que el proyecto presenta contradicciones con la Ley de Costas y que determinadas modificaciones deberían abordarse mediante una reforma legal.

Entre las alegaciones presentadas, ha mostrado su rechazo a la nueva regulación sobre la compatibilidad con las estrategias marinas por considerar que incorpora criterios que generan incertidumbre y dificultan la tramitación administrativa. EFE