Feijóo cree que la instrucción para nacionalizaciones es "nula de pleno derecho" y se podría declarar "ilegal"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido hoy de que la instrucción dictada por la directora general del Ministerio de Justicia para nacionalizar descendientes de españoles es "nula de pleno derecho" porque sobrepasa la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática. Por ello, pide que antes de seguir adelante lo primero es ver si esa instrucción "alguien la declara ilegal y qué efectos jurídicos tiene".

Así lo ha explicado hoy en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que también ha rechazado vetar el voto CERA, como pide Vox, pero ha reclamado que se incremente la seguridad para que ese voto sea fiable.

El presidente del PP, al ser preguntado si tiene alguna prueba de que se haya cometido alguna irregularidad en el proceso de nacionalización de los descendientes ha señalado tajante: "Ya le digo, la primera", en referencia a la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia.

De hecho, ha asegurado que la parte con la que no están de acuerdo es "toda". Así, Feijóo ha argumentado que "esto no es una ley, ni es de nietos". En primer lugar, ha expuesto, porque no es una "ley específica para regular una cuestión tan importante como es la nacionalidad", sino que se trata de una disposición adicional que se incluye en la Ley de Memoria Democrática, en la que se "habla de nietos y exilio".

Sin embargo, ha añadido, con posterioridad, "una directora general se reúne consigo misma y firma una instrucción". Una directora general, que según acota el dirigente popular, es la hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente. En esta instrucción, ha proseguido Feijóo, se dice que "cualquier ciudadano que haya tenido un antecedente español automáticamente adquiere la nacionalidad española con todos sus derechos".

Y todo ello, ha relatado, "sin modificar el código civil, la ley de nacionalidad y simplemente por una instrucción, por tanto no es una ley, es una instrucción" de tal manera que no solo afecta a los nietos de los exiliados sino a los bisnietos, tataranietos y a cualquier ciudadano que pueda decir que tuvo un pariente español que emigró en el siglo XIX.

Tras estos argumentos, ha calificado la normativa de "nula de pleno derecho, porque va contra la jerarquía normal".

RELACIÓN EFECTIVA Y AFECTIVA Y CON AÑOS DE RESIDENCIA PARA PODER VOTAR

Dicho esto, el presidente del PP ha señalado que no hay ningún derecho comparado, ningún país de la UE, que haga algo semejante o que "permita incluso votar a personas que no tengan una relación efectiva y afectiva, incluso exigen residencia de varios años para poder votar en un país".

A ello se añade, según alega el dirigente 'popular' que todo ello se está haciendo con una "falta absoluta de memoria económica", se está hablando de 2,5 millones de personas que van a tener la misma tarjeta sanitaria que todos los españoles y las mismas posibilidades de una casa porque, se pregunta, "quién lo va a impedir" ya que antes no podían venir a España, pero ahora sí.

PRIMERO, VER SI ALGUIEN DECLARA LEGAL LA INSTRUCCIÓN.

En este contexto y dada su opinión de que la instrucción es "nula de pleno derecho", Alberto Núñez Feijóo considera que lo primero que se debe hacer es ver si "alguien declara ilegal" esa instrucción y "qué efectos jurídicos tiene".

Y en segundo lugar, ver qué CERA queda después, es decir, el número total de los residentes ausentes y si se puede "adicionalmente incrementar más seguridad para que ese voto sea fiable, para que ese voto sea el que ha emitido esa persona, el que ha querido emitir, y el que finalmente llega".

Sin embargo, descarta que el PP pueda presentar enmiendas a la totalidad como propone Vox del voto CERA. "Nosotros, enmiendas a la totalidad, no. Ahora, responsabilidad en el análisis, toda", ha espetado el líder del PP, quien recalca que lo que está haciendo el Gobierno con esta instrucción es "ingeniería social" y una "frivolidad sin precedentes".

DE 500 EXILIADOS EN CUBA A 350.000 SOLICITUDES DE NACIONALIDAD

De hecho, ha puesto como ejemplo que el número de exiliados a Cuba fue del entorno de 500 mientras que el número de solicitantes de nacionalidad española en la isla asciende a 350.000.

Esto ocurre, según ha señalado, porque "aquí se puede llegar hasta el siglo XIX" ya que si una persona puede acreditar que un antepasado suyo se fue a Cuba antes de la Revolución, en el siglo XIX, en el "1800 y pico" y puede acreditar que es descendiente, "automáticamente" tiene una nacionalidad española.

Alberto Núñez Feijóo advierte de que estos datos pueden modificar el censo electoral en un 10 por ciento y pregunta si es "poco grave" que una directora general de un gobierno se meta en su despacho, firme un papel y "automáticamente puedan llegar a España o puedan ser españoles" cerca de 2,5 millones de personas.

REGULARIZACIÓN CON ANTECEDENTES POLICIALES Y SIN EXPECTATIVA DE TRABAJO

Alberto Núñez Feijóo también ha criticado la regularización de inmigrantes llevada a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez, recordando que el Ejecutivo habló de que beneficiaría a medio millón de personas y van 1,3 millones.

El dirigente popular defiende la inmigración regular, con contrato de trabajo, con orden y con seguridad, porque los españoles también tienen derecho a que los que gozan de los servicios públicos "aporten" y "paguen impuestos". Además, cree que si a los españoles se les obliga a cumplir las leyes, también se les debe exigir a los "ciudadanos inmigrantes" para que las cumplan "con el mismo rigor".

Sin embargo, ha advertido de que el Ejecutivo ha realizado el proceso sin tener en cuenta los antecedentes policiales ni las expectativas de trabajo de los regularizados ya que al inmigrante no se le pide el requisito de "tener un compromiso de una empresa a ese inmigrante para ser contratado de forma inmediata". "A mi no me parece normal, ni a ningún primer ministro europeo", ha espetado.

También ha señalado que aún no está claro qué pasos va a dar el Tribunal Supremo español a este respecto después de advertir que tiene dudas sobre si la regularización va contra el pacto de migración y asilo de la UE.