La Agencia Tributaria (AEAT) ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, que ha abierto una investigación sobre las obligaciones tributarias del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer y sus hijas entre 2021 y 2025.
En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, Calama da cuenta de que Hacienda le ha informado de la apertura de "actuaciones de comprobación e investigación inspectora" tributaria sobre el exlíder socialista, su esposa, Sonsoles Espinosa, sus hijas, Alba y Laura Rodríguez, y el empresario Julio Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante y socio y amigo de Zapatero.
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Según el auto, la investigación de Hacienda, que abarca también a varias personas jurídicas, versará sobre los impuestos de Sociedades, Valor Añadido, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
El juez acuerda integrar estas actuaciones en el procedimiento y "confiere traslado de la indicada documentación al Ministerio Fiscal" para que emita un informe al respecto, añade la resolución.
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HACIENDA, PERSONADA COMO PERJUDICADA
Por otro lado, según una providencia a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, el juez Calama informa de que "se tiene por personada" como perjudicada a la Agencia Tributaria, representada por la Abogacía del Estado, en la pieza relacionada con las joyas que le fueron encontradas al expresidente socialista en su despacho, y que arrojaron un valor de 1,3 millones de euros en una tasación preliminar.
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Fuentes del Gobierno indicaron a Europa Press este jueves que la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, estaba ultimando los trámites para personarse a través de la Abogacía del Estado.
El juez Calama indicó en un auto que "la naturaleza" de los hechos investigados pueden ser "constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y de un delito de contrabando", los mismos por los que se investiga a Zapatero en esa pieza separada de la causa.
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A su juicio, ese extremo "revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde" a la Agencia Tributaria.
Por ello, Calama situó a Hacienda "como potencial perjudicada" y, por tanto, la ve legitimada "para ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes".
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