Sevilla, 2 jul (EFE).- PP y Vox han incluido el concepto de 'prioridad nacional' en el acuerdo que ambas fuerzas han suscrito para la gobernabilidad de Andalucía en la nueva legislatura, un pacto que da entrada a los de Abascal en el Ejecutivo regional con una consejería con rango de vicepresidencia.
El acuerdo, que se ha conocido este jueves, poco antes de la votación de la investidura, recoge en su punto 18 de los 150 que contiene que se establecerá la "'prioridad nacional' en el acceso a las ayudas públicas", que pueden ser "ayudas, subvenciones y prestaciones públicas" ligadas a "un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".
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Ese "arraigo" se medirá, dentro de la "legalidad vigente", con un "periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio" y ligado a la "trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema".
El pacto PP-Vox contempla también la "exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital".
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El acuerdo recoge también en el punto 49 la 'prioridad nacional' en el "acceso a la vivienda protegida y al alquiler social", que se basa, como ocurre en el caso de las ayudas, en un "un arraigo real, duradero y verificable con el territorio" comprobable por el empadronamiento histórico en España de al menos diez años para la compra y cinco para el alquiler.
Además, PP y Vox han acordado reforzar "los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio" para "garantizar la estabilidad residencial, fijar población, fomentar la cohesión social, favorecer la consolidación de proyectos de vida" y facilitar la vuelta de los andaluces emigrados.
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Por eso se valorará "al menos, con sujeción a la legalidad, la trayectoria de cotización y actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado residiendo en Andalucía, así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la región" y "todos aquellos perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda" como son jóvenes, "nuevos núcleos familiares, familias numerosas, unidades de convivencia con dependientes a cargo" y similares.
El acuerdo recoge también la expulsión del sistema de VPO de quienes han sido condenados "como autores de delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos 5 años". EFE
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