Nueva tensión interna en la Guardia Civil. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha exigido la dimisión “inmediata” de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el cese del director adjunto operativo, teniente general Manuel Llamas, en un comunicado al que ha tenido acceso Infobae. Lo hacen después de que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decidiera citarlos como investigados en la causa relacionada con la trama de Leire Díez.
Tanto las acusaciones populares como la Fiscalía Anticorrupción solicitaron formalmente su imputación. “Cuando el Ministerio Fiscal considera que existen indicios suficientes contra la cúpula de la Guardia Civil, ya no cabe hablar de estrategia política alguna”, ha afirmado AUGC en un comunicado. La Fiscalía presentó su escrito este miércoles, reforzando la gravedad del caso, según considera el sindicato.
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Acusaciones graves y presuntas interferencias
La investigación, actualmente en fase de instrucción, analiza una serie de hechos relevantes, entre ellos varias reuniones mantenidas entre Mercedes González y Leire Díez. En una de ellas, supuestamente se habría solicitado la rehabilitación de un comandante implicado en el caso Koldo, un escándalo reciente de presunta corrupción. Además, la instrucción estudia si desde la dirección general se trasladaron instrucciones a mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) para que adoptaran una actitud pasiva y evitaran ser proactivos en investigaciones que pudieran afectar a responsables políticos.
La AUGC recuerda que ya en junio de 2025 denunció ante los tribunales estas supuestas interferencias en el trabajo de la UCO, cuando, según la asociación, el resto de los actores permanecían en silencio. Ahora, un año después, el proceso judicial alcanza directamente a la máxima dirección del cuerpo, lo que a juicio de la AUGC supone una situación insostenible. Argumentan que cualquier guardia civil investigado por hechos relacionados con el servicio sufre consecuencias directas en su carrera profesional, y consideran que debe aplicarse el mismo criterio a los altos cargos. La permanencia en sus puestos de Mercedes González y Manuel Llamas, insisten, es incompatible con el ejercicio responsable del mando y supone un grave daño a la imagen de la Guardia Civil y a la confianza de sus integrantes.
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Exigencias de responsabilidad y acciones legales
Ante este escenario, la AUGC exige tanto la dimisión voluntaria de la directora general como el cese inmediato del DAO, pidiendo además al ministro del Interior que actúe con urgencia ante la gravedad de los hechos que se están investigando y la repercusión que tienen en la reputación del cuerpo policial. La asociación advierte que, si no se producen las renuncias solicitadas, valorará la puesta en marcha de todas las acciones legales a su alcance en defensa de la Guardia Civil y de sus miembros.
AUGC, que representa a miles de agentes en todo el país, insiste en que no puede haber un “doble rasero” para la cúpula cuando se trata de investigar posibles irregularidades. La organización facilita canales de contacto para ampliar o aclarar la información y recalca su compromiso con la transparencia y la defensa del buen nombre de la Guardia Civil.
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