La Unión de Oficiales (UO) y la Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) han pedido este jueves la dimisión de la directora general del Instituto Armado, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas, al entender que la propia Ley de Régimen de Personal que aplican a sus subordinados les impide mantenerse en el cargo tras su imputación en el 'caso Leire Díez' que investiga la Audiencia Nacional.
"Sin perjuicio de la presunción de inocencia, que respetamos, es incompatible la imputación judicial por cualquier delito con la permanencia en el cargo de directora general de la Guardia Civil y del Director Adjunto Operativo", aseguran en un comunicado remitido a Europa Press.
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En concreto, citan el artículo 92 de la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil porque establece que el procesamiento, inculpación o investigación por un delito puede derivar en una suspensión, "y así le ocurre a todos los guardias civiles que son imputados incluso por actuaciones en acto de servicio".
Además, a quienes están incursos en una causa penal o expediente disciplinario, el artículo 66 de dicha ley permite que se les aparte de los procesos de ascenso, según recuerdan en el comunicado que también firma la Asociación Profesional de Cabos.
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Las organizaciones han expresado su "profunda consternación" por la imagen en la que se está viendo inmersa la Guardia Civil y, además, "la pérdida de prestigio y confianza que puede generar en la ciudadanía". Otras asociaciones como AUGC y Jucil también han reaccionado a la imputación pidiendo la dimisión de la directora y el DAO.
"No son pocos los miembros de la Guardia Civil, que han sido apartados de sus funciones o son suspendidos sus procesos de ascenso o de condecoraciones por estas autoridades al estar incursos en procedimientos penales o disciplinarios, pese a no existir sentencia condenatoria", han continuado.
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En este sentido, han indicado que los que aplican esos criterios a sus subordinados no pueden ser "inmunes" cuando les afecta a ellos. "Dada la gravedad de los hechos, y sin perjuicio del respeto a la presunción de inocencia, tanto la directora general como el DAO deberían presentar su dimisión o ser apartados, en coherencia con los mismos principios y criterios que estas autoridades vienen aplicando a los guardias civiles bajo su mando", han concluido.
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