Abogados de familia alertan de que el atasco judicial desemboca en violencia machista

Almería, 2 jul (EFE).- La lentitud de la justicia y el colapso que sufren los juzgados están provocando que las rupturas familiares de alta conflictividad desemboquen en episodios de violencia machista, al obligar a las parejas a mantener una convivencia forzada que perjudica gravemente a los menores.

Así lo ha advertido este jueves en Almería la presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), Dolores López-Muelas, durante la inauguración de las Jornadas de Derecho de Familia, organizadas por la AEAFA y el Colegio de la Abogacía de Almería.

López-Muelas ha alertado del "atasco muy grande" que padece la jurisdicción, y ha aseverado que la falta de una respuesta judicial rápida y eficaz aboca a las familias a prolongar su vida bajo el mismo techo ante la imposibilidad económica de duplicar gastos como hipotecas o alquileres.

"Nadie se quiere marchar del domicilio", ha señalado la abogada, lo que deriva inexorablemente en un incremento de insultos, vejaciones y amenazas. "Al final desembocamos en temas de violencia de género", ha sentenciado ante el auditorio.

La máxima representante de los letrados especializados ha desvelado unas cifras "alarmantes" extraídas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): en la actualidad, existen unos 17.000 procesos de familia completamente paralizados en los despachos de España, a la espera de poder ser interpuestos en los tribunales.

Esta anomalía, según ha dicho la letrada, ha provocado un desplome inédito del 25 % en la presentación de demandas de divorcio contencioso y del 22 % en las rupturas litigiosas de parejas de hecho con hijos.

López-Muelas ha insistido en que este drástico descenso no obedece a un clima de paz social ni a un aumento de los pactos, ya que las demandas de mutuo acuerdo han caído un 3 %. La causa real es un "efecto embudo" originado por las nuevas trabas burocráticas y la imposición de los medios adecuados de resolución de controversias (MASC) como un requisito previo e indispensable para acudir a los tribunales.

En la práctica, ha denunciado, estas medidas obligatorias favorecen de manera exclusiva al "progenitor incumplidor", quien se refugia en la normativa procesal para alargar los plazos y eludir obligaciones básicas, como el pago de las pensiones alimenticias o la autorización de tratamientos médicos urgentes.

Los principales perjudicados por este bloqueo institucional son los niños y adolescentes. Las relaciones "muy enconadas" que se ven forzadas a compartir espacio físico generan un destructivo conflicto de lealtades y una exposición continua a la hostilidad intrafamiliar.

A este escenario se suma la saturación de los juzgados de violencia sobre la mujer, que asumen cada vez más competencias transversales —como agresiones sexuales o sustracciones internacionales—, mermando su capacidad de respuesta inmediata.

Frente a esta situación de absoluta indefensión, la AEAFA ha trasladado el problema al Congreso de los Diputados, donde impulsa una proposición de ley destinada a modificar el articulado actual y garantizar el acceso directo a la Justicia. La iniciativa ya recaba el apoyo de múltiples grupos parlamentarios de distinto signo político.

"La lentitud de la justicia la paga el ciudadano", ha concluido López-Muelas, exigiendo dotaciones materiales reales para proteger los intereses de la infancia de forma autónoma. EFE

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