Barcelona, 1 jul (EFE).- Mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que coordinaron la vacunación de sus agentes en Cataluña por la covid han destacado que su relación con la Generalitat fue "fluida" y que cuando el Gobierno paralizó el uso de Astrazeneca la Consellería de Salud les trasladó que no tenían suficientes dosis de Moderna.
En la sección sexta de la Audiencia de Barcelona se ha iniciado este miércoles la ronda de testificales en el juicio en que la Fiscalía pide 12 años de inhabilitación a la exconsellera de Salud Alba Vergés (ERC) y tres miembros de su cúpula, al considerar que discriminaron a la Policía Nacional y a la Guardia Civil con el retraso en su vacunación por la covid.
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El teniente coronel de la Guardia Civil Esteban Gómez y el inspector jefe de la Policía Nacional Daniel Rapado, que coordinaron el proceso de vacunación en Cataluña, han admitido que su propuesta inicial de que los agentes de ambos cuerpos recibieran sus dosis contra la covid en comisarías "rompió el esquema" y obligó a "plantear bien" el plan.
Además, han reconocido que tuvieron algunos problemas para trasladar los planes de vacunación a la Generalitat, ya que algunos agentes de la Policía, una vez apuntados en el censo, pedían no recibir la dosis ante sus dudas sobre la efectividad de las vacunas.
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Los dos mandos han coincidido en que su relación con su interlocutor con la Consellería de Salud, el entonces responsable de Servicios, Francesc Xavier Rodríguez -que se sienta en el banquillo aunque en su caso únicamente con la acusación de sindicatos policiales-, fue "fluida" y "buena", con conversaciones diarias, incluso hasta las dos de la madrugada, para solventar cualquier incidencia que surgía.
"Hubo una época en que Xavier Rodríguez, Esteban Gómez y yo hablábamos 24 horas al día. Estaba disponible y predispuesto. Estuvimos muchos días hablando, algunos hasta las dos de la mañana, los tres intentando organizarlo todo", ha destacado Rapado.
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El teniente coronel y el inspector jefe han subrayado que Rodríguez siempre intentó resolver todos los problemas que surgían, hasta el punto de que la Policía Nacional le entregó una placa conmemorativa en agradecimiento a su labor durante el proceso de vacunación, por el que ahora se sienta en el banquillo.
Los dos mandos han explicado que ante las dudas que originaba el proceso al inicio, fueron convocados a una reunión, el 4 de marzo de 2021, donde plantearon que sus agentes fuesen vacunados en comisarías y comandancias, por una cuestión de operatividad y para tener un mayor control de qué agentes recibían las dosis, sin que la Generalitat pusiera ninguna pega.
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El 10 de marzo de 2021, Xavier Rodríguez les comunicó que se había aprobado su plan de vacunación, ante lo que se inició el proceso, entre el 12 y el 15 de marzo, para los agentes de hasta 56 años.
Sin embargo, el 15 de marzo el Gobierno lanzó una alerta para que se paralizara por cuestiones médicas la vacunación con Astrazceneca, que solo se podía suministrar a los mayores de 60 años.
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El proceso de vacunación a los agentes de ambos cuerpos se mantuvo entonces activo solo para los mayores de 60 años, con Astrazeneca, hasta que el 23 de marzo Xavier Rodríguez comunicó a ambos coordinadores que se podría reanudar ya al resto de efectivos.
Sin embargo, tras reanudar las vacunaciones durante la mañana del 24 de marzo, por la tarde Rodríguez les trasladó que se tenía que suspender de nuevo, porque no había "vacunas suficientes", ya que no había llegado un lote de viales de Moderna.
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Pese a ello, siguieron manteniendo el contacto a diario con Rodríguez intentando buscar soluciones.
De hecho, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lanzó el 27 de abril un ultimátum dando diez días a la Generalitat para equiparar el porcentaje de agentes vacunados de ambos cuerpos al de los Mossos, ya tenían el plan a punto.
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Las acusaciones, ejercidas por sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, que solicitan 15 años de inhabilitación para los acusados, han renunciado este miércoles a la testifical de otros tres mandos policiales en Tarragona, Lleida y Girona. EFE.
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