Víctor de Aldama no se plantea devolver el dinero como pide Anticorrupción: “Es un cobro legal. Así lo ha dicho el Supremo”

Víctor de Aldama está condenado a cuatro años y cinco meses de prisión por el Tribunal Supremo en la primera sentencia dictada dentro del conocido como ‘caso Koldo’. El fallo atribuye al empresario un delito de organización criminal y tres de cohecho. En el texto, los magistrados lo describen como el “nexo corruptor” que realizó pagos para obtener favores políticos del exministro José Luis Ábalos, condenado a su vez a 24 años de prisión.

Abordado este miércoles por reporteros de Mañaneros 360′ de La 1 de Televisión Española, Aldama ha expresado que no tiene ninguna intención de devolver ese dinero. “Es un cobro legal, así lo ha dicho el Supremo. Son facturas, se han declarado a Hacienda, se han pagado los impuestos en Hacienda: no hay ningún problema”, ha dicho. “El contrato no es ilegal. Lo que se ha condenado es un tema de cohecho. El contrato en sí no se ha condenado de que sea ilegal”.

El Supremo no pide que devuelva el dinero, pero Anticorrupción sí

A pesar de la condena, Aldama no deberá ingresar en prisión y la sanción económica queda limitada a una parte de los 430.298 euros que el Supremo identifica como sobornos. El tribunal no le exige la devolución de los 3,7 millones de euros que obtuvo a través de los contratos de suministro de mascarillas.

La Fiscalía Anticorrupción sí reclamó que devolviese esa cantidad, al considerar que Aldama había recibido información sobre la inminente licitación de esos contratos. Sin embargo, el Supremo descarta que existiera delito de uso de información privilegiada o inducción a la prevaricación. Según los jueces, “dada la situación de la pandemia y la necesidad notoria de mascarillas, era obvia su urgencia” y la licitación de esos contratos era “inminente”.

El tribunal reconoce que Aldama recibió el encargo de comprar mascarillas gracias a los pagos que realizaba de manera regular tanto a Ábalos como a Koldo García, hecho que justifica las penas por cohecho. No obstante, la sentencia concluye que el beneficio económico obtenido por el empresario como comisionista no puede considerarse ilícito. Tras la publicación de la sentencia, Aldama declaró en una entrevista en Telemadrid que no había percibido la totalidad de los 3,7 millones de euros en comisiones, ya que pagó alrededor de 1,8 millones en impuestos. “El resto, obviamente, me lo he quedado yo”, afirmó.

Actualmente, Aldama afronta otros procesos judiciales. La Audiencia Nacional le atribuye la dirección de una red que habría defraudado 182,5 millones de euros en concepto de IVA a través de operaciones con hidrocarburos, además de transferir 74 millones a Portugal, China y Colombia, cantidades que los investigadores consideran de origen ilícito.

Por otro lado, permanece bajo investigación por su supuesta implicación, junto a José Luis Ábalos y Koldo García, en irregularidades en la adjudicación de obras públicas para las empresas OPR y Levantina. Además, la Audiencia Nacional instruye una causa por posibles cohechos relacionados con otros contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia, adjudicados por los Gobiernos de Canarias y Baleares. A estas causas se suma la revisión fiscal relativa al ejercicio 2020, periodo en el que Aldama obtuvo ingresos significativos por su participación en los contratos de mascarillas.