Madrid, 1 jul (EFE).- Tras la guerra civil, la represión con la que la dictadura franquista afianzó su poder también afectó a la educación y la ciencia, de hecho, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas surgió de la purga del personal de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE).
La Junta, creada en 1907 y presidida por el premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, pretendía acabar con el aislamiento cultural y científico de España, impulsando la investigación, modernizando la educación y concediendo becas para estudiar en el extranjero. Para ello, renovó profundamente el sistema pedagógico y abrió una extensa red de laboratorios y centros de investigación.
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Pero tras la guerra, el régimen franquista decretó que, desde ese momento, la ciencia debía basarse en "la restauración de la clásica y cristiana unidad de las ciencias". Además, el CSIC debía nacer con una plantilla de acreditada imparcialidad durante la guerra y leal al nuevo régimen.
Bajo estas premisas, arrancó el proceso de depuración de las más de 500 personas incluidas en el archivo del personal de la JAE (directores, profesores, becados y personal administrativo), que fueron juzgados y perseguidos por motivos políticos o religiosos y cuya trayectoria ha sido reconstruida ahora por un equipo de investigadoras del Instituto de Filosofía del CSIC.
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El proyecto pretende "revisar la historia, reflexionar y reconocer que el CSIC no es la continuidad de la JAE porque, aunque heredó sus edificios y parte de su personal, no tiene nada que ver con aquella institución, ni ideológicamente ni en su manera de trabajar y así lo expresan los textos fundacionales del CSIC", ha explicado a EFE la directora del proyecto, Ana Romero de Pablos.
Durante más de dos años, Romero de Pablos, Irene Mendoza Martín y María Jesús Santesmases, han buceado en más de una docena de archivos históricos -públicos y privados- para documentar los más de 500 casos, rescatar las declaraciones juradas y contrastar esos datos con la información oficial publicada en diarios republicanos y franquistas, como la Gaceta de Madrid, la Gaceta de la República o el Boletín Oficial del Estado (BOE).
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"Hemos reunido toda esa información en una web, un espacio abierto en el que la ciudadanía podrá incorporar documentos o fotografías y que servirá de herramienta de trabajo para la comunidad científica y como lugar de memoria y reparación para todas las personas que sufrieron este daño", comenta a EFE Romero de Pablos.
La investigación ha sacado a la luz que el proceso de depuración franquista "no fue en absoluto homogéneo o lineal" sino algo "complejo, arbitrario y hasta caprichoso en ocasiones". Además, algunas de estas personas además también fueron juzgados por tribunales militares y castigados con la cárcel.
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El proceso, que con el tiempo creció en intensidad y dureza, se prolongó durante décadas: "A algunos afectados se les abrió expediente en 1939 o 1940 pero no se revisó su caso hasta los años 50, un tiempo en el que no pudieron trabajar ni cobrar un sueldo. En algunos casos, el proceso de depuración no se resolvió hasta bien entrada la década de 1970", apunta la investigadora.
La investigación estima que cerca del 60 % de las personas depuradas no fueron castigadas, que un 18 % se exilió y un 22-24 % fueron sancionadas de alguna manera, es decir, la purga expulsó de la JAE a cerca de un tercio de su personal.
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Aunque el acceso libre de las mujeres a la educación superior no se aprobó hasta 1910, casi un tercio del personal de la JAE eran mujeres con estudios universitarios de ciencias y humanidades, así como pedagogas y docentes que trabajaban en el Instituto Escuela de la Junta y que tras la creación del CSIC pasaron a trabajar a institutos de enseñanza media.
Pero "encontrar a las mujeres en los archivos no ha sido sencillo. Sabíamos que estaban contratadas pero en los archivos sus voces no aparecen de manera diferenciada. Aparecen en los expedientes de los jefes de laboratorio y en los de sus maridos, pero de ellas, con su propia voz, apenas hay entradas en los archivos", explica Romero de Pablos.
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Entre las 500 afectados por la depuración franquista se encuentran María de Maeztu, directora de la Residencia de Señoritas hasta 1936 y profesora en el Instituto Escuela, quien murió exiliada en Buenos Aires en 1948.
Y entre los hombres, están Julián Besteiro, presidente del PSOE, la UGT y las Cortes en la Segunda República, enviado a una prisión-convento en 1939 y condenado por un tribunal militar a treinta años de prisión; Odón de Buen del Cos, fundador y director del Instituto Español de Oceanografía, o Blas Cabrera y Felipe, director del Laboratorio de Investigaciones físicas, rector de la Universidad Central de Madrid, amigo de Ramón y Cajal y anfitrión de la visita de Albert Einstein a España en 1932. EFE
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