Un libro desvela que el durante el franquismo las lesbianas eran enviadas a psiquiátricos

Juliana Leao-Coelho

Madrid, 28 jun (EFE).- El Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985), creado por el franquismo para tratar de controlar la moralidad femenina y que recluyó a miles de jóvenes consideradas rebeldes o "desviadas" en reformatorios gestionados por congregaciones religiosas en toda España, enviaba también a las lesbianas a psiquiátricos donde recibían electrochoques y terapias con insulina.

Este aparato de control moral "castigaba la disidencia respecto al modelo de mujer sumisa y decente, vinculada al hogar. Quien se salía del molde era susceptible de entrar por denuncia externa", de una autoridad, un particular o un familiar, según la historiadora Carmen Guillén, autora del libro 'Redimir y adoctrinar: el Patronato de Protección a la mujer', ya en su cuarta edición.

El "silencio, oración y trabajo forzado" en talleres marcaban la cotidianidad durante periodos de internamiento de "entre seis meses y dos años", y hasta seis años cuando se fugaban y eran capturadas de nuevo.

Las homosexuales representaban "todo lo que el régimen quería evitar. Tenían instinto y deseo sexual, y lo resolvían con otra mujer, el peor escenario posible", por lo que eran reprimidas en espacios específicos.

Primero las llevaban al Patronato y, tras clasificarlas como lesbianas, eran "trasladadas a salas especiales de psiquiátricos, como el de Ciempozuelos (Madrid), que tenía el ala de ‘las patronatas’, donde estaban psiquiatrizadas", detalla Guillén, coincidiendo con la celebración del Orgullo.

"Todas juntas solo coincidíamos a la hora del patio y nos estaban vigilando", relata Consuelo García del Cid, una de las primeras en denunciar lo vivido y en documentar "la persecución lésbica" del reformatorio de las Adoratrices en Madrid, en contraste con la relativa libertad que tenían en el Buen Pastor en Barcelona, donde "las dejaban en paz".

Estaba prohibido manifestar "cualquier tipo de compañerismo; se interpretaba como lesbianismo cualquier cosa, incluso cuando no lo era", según García, que sitúa los psiquiátricos del Patronato en Ciempozuelos y Arévalo (Ávila).

En Barcelona, "no llevábamos uniforme, te podías marcar personalmente y las lesbianas se marcaban como tal, no lo ocultaban". Allí "estábamos las fugadas de toda España y el perfil de rebeldía era muy elevado", lo que hacía imposible imponer normas sin provocar un motín: "yo viví uno", añade.

En las Adoratrices, de donde escapó en 1976, "la persecución era salvaje", indica esta superviviente, para quien la represión dependía de la congregación y estaba "en manos de las monjas".

En el psiquiátrico, "las patronatas tenían habitaciones individuales, no las encadenaban a la cama, pero se experimentó con ellas. Eran electrochoques y comas insulínicos, estaban completamente aleladas", añade Consuelo, que recibió documentación de una persona anónima.

"Me citaron en un descampado y me entregaron un 'pendrive'", gracias al cual pudo escribir el libro 'Las insurrectas del Patronato de Protección a la Mujer'.

La hoy activista Paca Blanco, que estuvo recluida en Villalba (Madrid), Madrid capital, Zamora y, ya embarazada, en la Maternidad de Peña Grande, tras sucesivas fugas para "salir de ese infierno", recuerda a una amiga que ingresó en el psiquiátrico varias veces.

Las lesbianas y "las que ellas —las monjas— creían que podían acabar siéndolo acababan en Ciempozuelos, donde las sometían a electrochoques y medicación que las dejaba destrozadas", asevera.

Las violaciones de derechos de miles de españolas de 16 a 25 años se completaron con suicidios, adopciones forzadas y robo de bebés de madres solteras, cuyas cifras resultan "imposibles de saber" porque los registros de las congregaciones "son privados", explica Guillén.

Este sistema de terror siguió hasta que, en 1983, Inmaculada Valderrama, de 15 años, "se tiró en bragas y sujetador por una ventana del reformatorio de San Fernando de Henares (Madrid)", precipitando el final del Patronato, recuerda Consuelo que reclama "verdad, justicia y reparación".

Aunque 53 de ellas fueron reconocidas como víctimas este año, "hay muchas más" y solo su inclusión en la ley de memoria posibilitaría "una reparación económica para vivir con dignidad", concluye Guillén.

La película 'Ruega por nosotras', de Daniel Monzón, que se estrenará en noviembre, recordará la historia de estas jóvenes sometidas a aislamiento, celdas de castigo y trabajos para empresas externas sin jamás recibir un céntimo. EFE

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