Igualdad ha pedido 1.500 subsanaciones por el mal uso de fondos contra violencia machista

Madrid, 26 jun (EFE).- El Ministerio de Igualdad ha hecho ya este año más de 1.500 requerimientos a entidades locales por un presunto mal uso de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ante proyectos que "a priori" no podían ser financiados con estos recursos públicos.

Fuentes del Ministerio han recordado en un comunicado que las actividades que se realicen con fondos de este Pacto de Estado deben tener siempre una "estrecha relación con la prevención, la sensibilización, la lucha o la erradicación de la violencia de género", y han incidido en que actividades como talleres de macramé, de zumba, estuches de manicura o talleres de meditación y visualización no cumplen ese requisito básico.

Igualdad señala que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género revisa todas las justificaciones de las actuaciones de las comunidades y entidades, detrayéndose las cantidades que corresponden a iniciativas que no encajan en el Pacto de Estado.

De hecho, desde 2024 se está desarrollando un plan de actuación para el buen uso de estos fondos y se han intensificado las actuaciones de comprobación.

En este sentido, fuentes del ministerio que dirige Ana Redondo han recalcado que "solo este año se han hecho más de 1.500 requerimientos de subsanación a las entidades locales por proyectos identificados a priori como de mal uso de esos fondos públicos".

Explican que cuando se detecta un mal uso se comunica a la entidad local y la cantidad correspondiente al proyecto no financiable se detrae del montante total y se compensa con la transferencia del año siguiente.

Igualdad ha transferido a comunidades autónomas y entidades locales 160 y 40 millones de euros, respectivamente, en el marco de este pacto.

En 2025, ante los proyectos de algunos municipios que no eran financiables con esos fondos, el Ministerio de Igualdad y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) publicaron una guía de buenas prácticas para enseñar a los ayuntamientos cómo debían emplearse.

Y entre esas buenas prácticas destacaron el refuerzo de los servicios municipales implicados en la lucha contra la violencia de género; la detección temprana en los servicios públicos de proximidad; el fortalecimiento de la protección y la seguridad de las víctimas en riesgo; la elaboración de informes diagnósticos sobre la prevalencia de la violencia a nivel municipal; las acciones de capacitación de profesionales y sensibilización social; la atención psicológica, el asesoramiento legal y el acompañamiento social de las supervivientes o el impulso de los puntos violeta.EFE