Valladolid, 26 jun (EFE).- El fiscal ha mantenido este viernes la petición de penas que oscilan entre veinticuatro años, la más elevada, y ocho años, la menor, para cuatro acusados en un juicio por trata de seres humanos celebrado en la Audiencia de Valladolid, donde las defensas han reclamado la absolución.
Las acusaciones contra los procesados se centran en que captaban a mujeres en Paraguay para ser prostituidas en España, donde vivían hacinadas en habitaciones, unos hechos ocurridos al menos desde la segunda mitad de 2021 hasta finales de noviembre de 2022.
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Aunque debían sentarse en el banquillo cinco acusados desde el pasado martes, finalmente no acudió la principal procesada, Lorenza C.P., para la que el fiscal demanda provisionalmente penas que suman 52 años de cárcel, que se encuentra en rebeldía y será juzgada en otra vista oral.
Los acusados han sido los últimos en declarar durante el juicio y todos ellos han negado que cometieran los hechos que les imputan.
Antes de los procesados, han comparecido dos testigos que han declarado separadas de la vista de los acusados por un biombo y una de ellas ha expresado su miedo a que alguien pudiera hacer daño a su familia a causa de sus palabras.
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En su testimonio, una de las mujeres ha narrado que llegó a España porque en Paraguay tenia problemas económicos y quería mejorar su vida, por lo que la acusada que se encuentra en paradero desconocido, Lorenza C.P., le financió el viaje.
Ha admitido que sabía que iba a llegar a Valladolid para ser prostituida, ha relatado que tenían que estar disponibles las veinticuatro horas y pedir permiso si querían salir de la vivienda y ha dicho que también en algunos casos se consumía droga, lo que se conocía con el código de "fiesta blanca", si así lo solicitaban quienes acudían a la casa.
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El fiscal considera que María Ángela P.G. cometió cuatro delitos de prostitución coactiva, uno de ellos en grado de tentativa, un delito de aprovechamiento de la prostitución ajena, uno de tráfico de drogas y otro de grupo criminal.
Según la acusación pública, Mirta G.G.M. cometió dos delitos de trata de seres humanos y grupo criminal y Hugo J.A.A. un delito de trata de seres humanos, uno contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otro de grupo criminal.
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Para el fiscal, el cuarto procesado, Javier R.A., es responsable de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y de grupo criminal.
Aunque los defensores han pedido la absolución, uno de ellos, el de Javier R.A., ha planteado subsidiariamente, si se aprecia responsabilidad penal, las atenuantes de drogadicción y dilaciones indebidas. EFE
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