Almería, 26 jun (EFE).- El expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar ante juez instructor encargado del denominado caso 'Mascarillas', que estudia presuntas mordidas en la compra de material sanitario y en contratos de obras menores de la institución.
Su comparecencia cierra la ronda de declaraciones de investigados señalada por el juez para este mes, en una jornada que ha estado marcada por la huida a la carrera del expolítico para esquivar a los medios de comunicación.
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García estaba citado a las 9:30 horas, seguido por dos de sus hermanos y un empresario, quienes también figuraban en la lista de comparecencias. Al igual que el expresidente, sus familiares han optado por no declarar, con lo que han secundado la estrategia procesal mayoritaria de las defensas en esta causa.
La expectación mediática ha provocado que el principal investigado realizara diferentes maniobras evasivas. A su llegada a la Ciudad de la Justicia, ha descendido de un vehículo y ha accedido a la carrera por un lateral colindante al juzgado de guardia para evitar la entrada principal.
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A la salida, han abandonado las dependencias, primero sus hermanos de forma escalonada y mientras el abogado de García, Joaquín Monterreal, atendía a los periodistas, el expresidente ha salido corriendo por su espalda hasta subirse a un coche que arrancó casi en marcha.
En declaraciones a los medios, Monterreal ha restado trascendencia al silencio de su cliente y ha precisado que ya prestó declaración hace meses.
"Estamos esperando el informe de la Guardia Civil y, por lo tanto, como no ha llegado todavía, no hay nada más que aclarar", ha justificado la defensa.
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El abogado ha minimizado las acusaciones contra el expresidente, circunscribiéndolas a "dar explicaciones sobre un dinero que consta que se ingresó en una cuenta bancaria", asegurando que "todo ese dinero estaba declarado a Hacienda, estaba perfectamente en Renta". Asimismo, ha confirmado que la pieza separada relativa a un viaje a Madrid previsiblemente se activará "después del verano".
En el extremo opuesto, la acusación popular que ejerce el PSOE ha advertido de que este silencio generalizado "tiene poco peso en la causa". El letrado Javier Salvador ha subrayado que las contadas excepciones que sí han declarado han sido fundamentales para "formalizar el mapa" de actuación y los roles de esta presunta organización criminal.
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Según Salvador, las pesquisas evidencian "una especie de pequeñas taifas en las que un jefecillo local, siendo alcalde o no, tenía un control absoluto sobre la contratación de la Diputación". En este sentido, ha destacado que "dos días después de que se declarase la pandemia, lo primero que piensan es en la oportunidad de negocio que se les abría".
Por su parte, el otro abogado del PSOE, José María Terrés, ha recordado que existe una "cantidad enorme de documentación que hablará por sí misma" y que servirá para determinar qué posición ocupaba cada investigado en la estructura jerárquica, diferenciando entre el "ideólogo" y el "hombre de paja".
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Concluidas estas comparecencias, la acusación ha avanzado que el próximo paso será solicitar pruebas testificales para finales de septiembre, subrayando que los testigos sí tienen la obligación legal de decir la verdad. Entre las testificales ya solicitadas, han destacado la de un antiguo presidente de la Diputación, el actual alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat. EFE
mma/fs/aam
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