Madrid, 26 jun (EFE).- El Defensor el Pueblo ha incidido en que las contenciones mecánicas, utilizadas en residencias o unidades de salud mental entre otros ámbitos, deben ser utilizadas como último recurso, de manera excepcional y cuando no sea posible proteger la integridad física o la seguridad con otros medios menos restrictivos.
La institución ha registrado en las Cortes Generales el documento 'Buenas prácticas en las contenciones mecánicas', que pretende homogeneizar prácticas y reforzar las garantías en los ámbitos en los que estas medidas pudieran ser utilizadas, como en la hospitalización psiquiátrica, los centros sociosanitarios o el ámbito penitenciario.
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Recuerda que el uso indebido de contenciones puede constituir trato inhumano o degradante y generar responsabilidades administrativas, disciplinarias o penales.
"No puede convertirse en una respuesta automática ni preventiva", indica el Defensor en la guía, que destaca que la contención mecánica solo puede emplearse cuando concurran circunstancias excepcionales, caracterizadas por la existencia de un riesgo grave e inminente para la persona o para terceros, y siempre que no resulte posible afrontar adecuadamente la situación mediante otras medidas menos restrictivas.
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El Defensor del Pueblo señala que el uso de cualquier contención mecánica debe someterse a criterios claros, homogéneos y verificables, orientados a garantizar un control efectivo de su aplicación y a prevenir desviaciones en la práctica.
Añade que debe existir valoración médica previa o inmediata y revisiones periódicas. En personas con trastorno mental grave, discapacidad intelectual u otras situaciones de especial vulnerabilidad, la cautela debe ser extrema, añade.
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Tras analizar contexto normativo y doctrinal en ese ámbito, pone de manifiesto la necesidad de desarrollar políticas activas de reducción del uso de medidas coercitivas, promoviendo alternativas basadas en la prevención, la desescalada y la atención centrada en la persona, como elemento esencial para el respeto efectivo de los derechos humanos.
Con el documento, la institución pretende ofrecer un marco común de referencia que permita identificar cuándo una contención resulta legítima, cómo debe aplicarse y qué garantías mínimas deben concurrir para evitar que derive en un trato inhumano o degradante.
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"La correcta documentación, la supervisión continua, la proporcionalidad de la medida y su duración estrictamente limitada constituyen elementos esenciales de ese marco", indica el defensor.
Dirige esta "herramienta viva" a los responsables de los centros, profesionales sanitarios, asistenciales y de seguridad, así como a las autoridades encargadas de la supervisión administrativa, judicial y fiscal. EFE
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