Melilla, 24 jun (EFE).- El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha calificado como “una trampa” el documento manuscrito que dio origen al informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que señala indicios de presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y ha defendido la honradez de su Gobierno.
En rueda de prensa, Imbroda ha negado cualquier implicación de su Gobierno, “el más honrado de todos”, en casos de corrupción o tratos de favor, y ha asegurado que se trata de una operación diseñada exclusivamente para dañar su reputación y generar titulares en la prensa nacional, por lo que ha dado la enhorabuena “a los que la han montado”.
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Ha insistido en que tiene “el recorrido de una hormiga” al calificar la información difundida como “una sarta de mentiras, falsedades, infamia, injuria, calumnia y basura”, originada por “una trampa” a la Policía, un documento manuscrito hallado “casualmente” en un registro policial.
En concreto, en el domicilio de un “presunto delincuente” que está siendo investigado en la operación Santiago-Rusadir que se está instruyendo por presuntos delitos relacionados con la corrupción para la compra de votos en la legislatura anterior, gobernada por CPM, PSOE y Cs.
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“Este es el rigor que tiene”, ha dicho Imbroda para anunciar que ha dado instrucciones a los servicios jurídicos de la ciudad autónoma para interponer la “primera denuncia” contra el empresario en cuyo domicilio la Policía intervino el documento manuscrito sobre la supuesta Operación Valenzuela, Abdelmayid Belkasen Mohamed, administrador de la mercantil Meliurban 3D S.L.
Imbroda ha asegurado que en su Gobierno no lo conocen y ha explicado que los antiguos terrenos del Ministerio de Defensa sobre los que se edificó el centro comercial de Melilla fueron adquiridos en 1994 por el entonces ayuntamiento y vendidos en subasta pública a la empresa Nueva Melilla en 1998, antes de que él gobernara, tras quedar desierta un año antes.
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Además, ha negado relación alguna con la empresa Murias, que construyó el centro comercial Parque Murias, inaugurado en 2017, y ha asegurado que su Gobierno litigó en los tribunales para exigir y cobrar el 10 % del aprovechamiento urbanístico que les correspondía de esos terrenos, que al final logró que les fueran abonados a la ciudad autónoma.
Ante la acusación de encubrir una deuda fiscal de 7 u 8 millones de euros, Imbroda ha recordado que los impuestos se pagan mediante autoliquidación del propio contribuyente y que la deuda real fue tasada en 202.000 euros por los técnicos e inspectores de la Ciudad Autónoma en 2022.
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En cualquier caso, ha recordado que hace 16 años ya llevó al juzgado al líder de CPM, Mustafa Aberchán, por acusaciones relacionadas con el centro comercial, donde “no hay nada de nada” y “todo es puro, limpio y diáfano”, por lo que la información difundida ahora es “otra historia más” con la que su Gobierno, ha insistido, no tiene nada que ver.
De hecho, ha dejado claro que en todo este asunto han intervenido a lo largo de los años cuatro presidentes de Melilla diferentes y todos los partidos políticos de la ciudad, por lo que ha reiterado la “limpieza” de su Gobierno, que “jamás ha montado ninguna operación falsa contra ningún miembro de la oposición” porque están centrados en la gestión.
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“Lo asqueroso es que gente que no levantan un palmo del suelo están intentando siempre manchar tu reputación para intentar pescar lo que no son capaces de pescar votando libremente con la gente, viendo una gestión”, ha lamentado Imbroda para aludir a las “20.000 operaciones” con las que “han intentado tumbar” a su Gobierno en todos estos años.
También ha negado tener dinero en paraísos fiscales y ha retado al que lo encuentre a que se quede con el 95 % y le dé a él el 5 % restante. EFE
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