
La construcción vuelve a encender las alarmas. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha reclamado al Gobierno medidas urgentes para evitar que la escalada de costes de producción termine afectando de forma irreversible a la actividad del sector, al empleo y a la ejecución de infraestructuras estratégicas en España.
La patronal ha trasladado su preocupación a Moncloa mediante una carta en la que solicita cambios normativos que permitan adaptar los contratos públicos al incremento de los costes energéticos y de los materiales. La petición llega después de que el Banco de España revisara al alza sus previsiones de inflación y en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.
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Según la organización empresarial, la situación amenaza la viabilidad económica de numerosas obras adjudicadas con precios anteriores al actual escenario inflacionista, generando riesgos de retrasos, paralizaciones e incluso abandonos de proyectos.
Modificar la ley
La principal demanda de la CNC pasa por modificar la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación para excluir de su aplicación determinados contratos públicos y permitir mecanismos automáticos de revisión de precios.
La patronal considera que esta medida es imprescindible para garantizar el equilibrio económico de los proyectos y evitar que las empresas tengan que asumir en solitario el impacto del aumento de costes. Según argumenta, la realidad económica actual es muy distinta a la existente cuando muchas de estas obras fueron adjudicadas.
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Desde el sector se insiste en que la actualización de precios no solo serviría para proteger la rentabilidad empresarial, sino también para asegurar la continuidad de proyectos relacionados con infraestructuras, carreteras, vivienda pública y servicios esenciales.
La crisis energética golpea al 90% de las empresas
Los datos manejados por la organización reflejan la magnitud del problema. La crisis energética derivada de la inestabilidad internacional ya afecta al 90% de las constructoras españolas.
Además, más de la mitad de las empresas, concretamente el 56%, reconoce haber ralentizado su actividad debido al incremento de costes. La situación preocupa especialmente porque el 22% de las compañías advierte de posibles repercusiones sobre el empleo si la escalada inflacionista se mantiene durante los próximos meses.
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La CNC considera que estos datos justifican la inclusión de la construcción dentro del próximo paquete de medidas económicas que previsiblemente aprobará el Ejecutivo una vez finalicen las actuales ayudas vigentes.
Las carreteras, entre las más afectadas
Uno de los ámbitos donde la situación resulta más delicada es el mantenimiento y rehabilitación de carreteras. Según la patronal, los sobrecostes medios en este tipo de actuaciones alcanzan ya el 15% durante 2026.
La situación es aún más preocupante en las obras de rehabilitación de firmes, donde el incremento de costes puede llegar hasta el 30%. Este escenario genera un importante desequilibrio económico para muchas empresas adjudicatarias.
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El problema radica en que estas actuaciones suelen tener una duración relativamente corta y, por tanto, no cuentan con mecanismos de revisión de precios. Esto provoca que numerosas obras adjudicadas antes de febrero de 2026 estén soportando incrementos de costes que no pueden repercutirse en los contratos firmados.
La patronal ha mostrado especial preocupación por las operaciones de conservación y mejora de carreteras previstas durante el verano, un periodo clave para garantizar la seguridad vial en plena temporada de desplazamientos.
Riesgo de retrasos y abandono de proyectos
La preocupación de la CNC no es nueva. Ya el pasado mes de marzo la organización advirtió de las consecuencias que puede tener la falta de actualización de los contratos públicos cuando los costes reales se disparan.
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Entre los efectos más frecuentes se encuentran las licitaciones desiertas, los retrasos en la ejecución de obras, las ralentizaciones de actividad e incluso el abandono de proyectos por inviabilidad económica.
La organización recuerda que los costes energéticos representan aproximadamente el 30% de los costes totales de muchas empresas constructoras, lo que convierte a la energía en uno de los factores más determinantes para la rentabilidad de las obras.
En un escenario marcado por la incertidumbre internacional y la volatilidad de los mercados energéticos, la patronal considera imprescindible recuperar mecanismos que permitan adaptar los contratos públicos a la realidad económica de cada momento.
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Un sector clave para la economía
La construcción es uno de los motores de la economía española y desempeña un papel fundamental tanto en la creación de empleo como en el desarrollo de infraestructuras y vivienda.
Por ello, la CNC reclama que el próximo paquete de medidas económicas contemple soluciones específicas para un sector que considera especialmente vulnerable frente a las tensiones inflacionistas. Por ello, pide al Ministerio de Hacienda que impulse las reformas necesarias para establecer sistemas eficaces de revisión de precios que permitan garantizar la viabilidad de los contratos públicos y proteger la actividad económica.
A juicio de la patronal, actuar con rapidez será clave para evitar que el aumento de costes termine afectando a miles de trabajadores, ralentice proyectos estratégicos y comprometa las inversiones en infraestructuras y vivienda que España necesita en los próximos años.
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