Madrid, 23 jun (EFE).- El PP y Vox han denunciado en el Senado "la inoperancia y la dilación procesal" a la hora de actuar contra las 'okupaciones' y han urgido a desalojar a los 'okupas' en 24 horas y a un mayor apoyo a los cuerpos de seguridad que "desmantelan las organizaciones criminales que se lucran" de este fenómeno.
A través de una moción presentada por el PP y que se votará este miércoles, el Partido Popular ha alertado de una "fractura social" y ha acusado al Ejecutivo de amparar la ilegalidad, lo que está empujando a los ciudadanos hacia la vía extrajudicial y la contratación de empresas privadas de desahucios.
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La moción saldrá aprobada con la mayoría absoluta del PP y los votos de Vox, a pesar de que el PP ha rechazado aceptar la enmienda de la formación que lidera Santiago Abascal, que pedía "la nulidad del empadronamiento de los inmigrantes ilegales".
La senadora popular Eva Martín Pérez ha destacado que "detrás de cada vivienda okupada hay personas, no hay un debate ideológico" y ha insistido al Gobierno en acelerar la oferta de vivienda y ser más ágil a la hora de poner suelo a disposición de las compañías para construir vivienda asequible.
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Asimismo, ha criticado que la Ley de Vivienda está "diseñada al servicio de los okupas" y que lo que ha provocado es menos oferta.
Por todo ello, ha exigido al Gobierno el desalojo exprés de los okupas en un plazo máximo de 24 horas o "dejar de utilizar las propiedades de los particulares para cubrir la ineficacia de las políticas públicas de vivienda".
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El senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo ha incidido en que los 'okupas' pueden suponer un coste para los propietarios de entre 10.000 y 15.000 euros al año a través de los gastos comunitarios y la pérdida del hipotético alquiler.
A pesar de garantizar su 'sí', ha comentado que la moción "se queda corta, porque hay fenómenos como la inmigración ilegal que inciden en la okupación, lo que también repercute en una retracción de la oferta".
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Por su parte, la socialista Isabel Moreno ha recordado que la pena de prisión ya existe y ha denunciado que PP y Vox aspiran a "mantener vivo el miedo".
"Siempre que sea un domicilio, el propietario está protegido por el código penal, que protege la intimidad e inviolabilidad del domicilio frente al allanamiento, castigado hasta con cuatro años de cárcel, por lo que el desalojo es inmediato pasen tres horas o tres meses". EFE
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