Madrid, 11 jun (EFE).- Tras cuatro intentos fallidos en los últimos ochos años, el pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, gracias al acuerdo alcanzado por PSOE y PP y avalado por una mayoría parlamentaria, la histórica demanda de los funcionarios de prisiones de ser considerados agentes de la autoridad.
Con 323 votos a favor de PSOE, PP, PNV, Junts, Sumar y Grupo Mixto y solo 21 en contra de ERC y EH Bildu, el Congreso ha dado el paso casi definitivo -se votará en las próximas semanas en el Senado- para la modificación del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria de 1979 que aumenta las garantías jurídicas de los trabajadores penitenciarios, tanto de sus funcionarios como del personal laboral.
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La aprobación de la reforma legal, que previsiblemente se plasmará en el BOE antes de agosto, ha sido recibida entre aplausos de los representantes de los sindicatos de prisiones como CSIF, ACAIP, Cataluña Prisiones o la asociación 'Tu Abandono me puede matar' que desde la tribuna han seguido el debate, donde ha podido verse también a un familiar de Nuria López, la trabajadora de la cárcel de Tarragona asesinada por un recluso en 2024.
El logro de sacar adelante esta reforma ha sido posible gracias a un pacto entre PSOE y PP defendido este jueves por los portavoces de Interior de ambos grupos que, por un día, han hecho frente común en defensa de los más de 30.000 trabajadores de las prisiones y en reconocimiento a la lucha "sostenida" y "justa" de sus sindicatos y asociaciones.
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"Esta no es la victoria de un partido político sino de todo un colectivo que nunca dejó de defender una reivindicación legítima y es la victoria de un Parlamento que nunca dejó de escuchar, gracias al trabajo y voluntad de entendimiento de fuerzas distintas", ha destacado el diputado socialista David Serrada.
Se ha mostrado orgulloso de que cuando se pone por delante el interés general al partidista, "la política mejora la vida de la gente" y de que "hay cosas que deben quedar fuera de la confrontación política".
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Aunque con más peros y matices, también el PP ha elogiado un acuerdo que "no era fácil", en palabras de la diputada Ana Vázquez, toda vez que el Ministerio del Interior no está "en su mejor momento".
"Hemos priorizado la dignidad de los trabajadores por encima de cualquier voto", ha subrayado Vázquez, antes de reprochar al PSOE que les han usado para desbloquear esta ley después de que el Tribunal Constitucional haya estimado un recurso de amparo del PP ante la decisión de la Mesa de la Cámara de prorrogar 71 veces el plazo para registrar enmiendas a un proyecto de ley.
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Ana Vázquez ha prometido a los funcionarios de prisiones que este paso es "uno más" y que seguirán trabajando para aumentar su seguridad porque cada día dos trabajadores son agredidos en las prisiones.
Según el dictamen pactado por PSOE y PP y respaldado por mayoría en el pleno de Congreso, se reforman dos apartados del artículo 80 de la ley y se añaden otros tres, de forma que, al reconocer a los funcionarios como agentes de la autoridad, se añade protección jurídica a sus actuaciones.
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Así, su testimonio tiene valor probatorio preferente en los procedimientos judiciales frente a las agresiones, se endurecen las penas para aquellos internos que cometan atentado contra la autoridad y se incluye el derecho a indemnización por daños personales o materiales sufridos en el ejercicio de sus funciones.
Como agentes de la autoridad y, en caso de ingresar en prisión, los funcionarios de prisiones serán separados del resto de reclusos en los centros penitenciarios y en los traslados, en tanto que tanto estos trabajadores como el personal laboral recibirán formación específica teórica y práctica obligatoria.
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Para Sergio Ríos, delegado CSIF prisiones Madrid, la consideración de agentes de la autoridad es un "merecido reconocimiento", pues se trata de una reivindicación histórica que conlleva mejoras en las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones, sobre todo en lo referente a su seguridad y protección en su entorno de trabajo.
Frente a las consideraciones de la diputada del PP, Ríos replica que "siempre" tiene que ser un buen momento para los políticos para mejorar las condiciones de los trabajadores de la administración pública
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ACAIP-UGT coincide con el avance logrado y pone en valor el "esfuerzo" que las organizaciones sindicales han realizado durante años para conseguir la "necesaria" cohesión entre los partidos mayoritarios. EFE
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