
Dos de los empresarios investigados en el caso Mascarillas de Almería han defendido la legalidad de sus contratos para obras y servicios con la Diputación sin que se vieran beneficiados de algún modo por el exvicepresidente tercero y exdiputado provincial de Fomento Óscar Liria así como tampoco por su hermano Francisco Liria, investigado como supuesto mediador en algunos de estos negocios.
Fuentes presentes en los interrogatorios han indicado a Europa Press que el hermano del exvicepresidente, al igual que hizo Liria este jueves, se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar por el momento; opción que ha elegido también otro de los empresarios investigados con los que los hermanos Liria habrían acordado adquirir una administración de loterías.
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En este sentido, las defensas se mantienen a la espera de que la llegada de nuevos informes de la UCO sobre el volcado de los teléfonos y ordenadores, así como el análisis de la documentación que se obtuvo en los registros del pasado mes de noviembre, cuando se detuvo al expresidente de la Diputación y del PP de Almería, Javier Aureliano García.
La UCO considera que existen indicios de que Francisco Liria participara en la mercantil Pulconal, la cual resultó adjudicataria de 16 contratos con la Diputación de Almería de forma supuestamente fraudulenta para obtener un montante de 421.800 euros gracias a la mediación de su hermano, quien ostentaba la delegación del Área de Fomento.
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Para los investigadores, el hermano del exvicepresidente tercero habría tratado de obtener un cinco por ciento del margen de beneficio de la empresa, a través los contratos adjudicados por la Diputación, en el seno de un acuerdo "con vocación de permanencia", toda vez que ven indicios del cobro de dichos fondos a través de operativas con las que se buscaba encubrir el origen "delictivo" del dinero.
La investigación policial apunta además que Óscar Liria se habría servido de empresas ligadas a su hermano para instrumentalizar la compra de vehículos de alta gama --uno de ellos regalado por el exvicepresidente a su pareja sentimental-- a través de facturas falsas con las que ocultar el verdadero origen del dinero.
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Sobre esta parte de la trama han prestado declaración dos de los empresarios investigados --tío y sobrino--, uno de los cuales figura como administrador de hecho de García Construcción Sostenible SL; una de las sociedades sospechosas de haber sido empleada por los Liria para la emisión de facturas falsas con las que blanquear fondos procedentes de supuestas 'mordidas'.
El también director general Albaida Infraestructuras ha defendido a preguntas del juez instructor Manuel Rey Bellot, la Fiscalía y su letrado la licitud de los negocios efectuados a partir de los contratos obtenidos de la Diputación en concurrencia competitiva.
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El empresario ha negado así cualquier tipo de trato de favor o pagos a funcionarios para hacerse con contratos al tiempo que ha rechazado cualquier tipo de irregularidad en la concesión de contratos menores de obras o servicios. En esta línea, se ha mostrado contrario a que sus sociedades presentaran falsas ofertas en procesos "amañados" a favor de otras empresas de la trama.
De otro lado, su tío, quien figura como administrador de derecho de García Construcción Sostenible, ha manifestado su alejamiento sobre la actividad de la empresa que era gestionada por su sobrino así como su desconocimiento de qué tipo de contratos se mantenían con la administración pública.
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UN DESPACHO DE LOTERÍA EN ADRA
De forma paralela a los supuestos pagos de comisiones, la UCO también señala que ambos hermanos habrían participado en una inversión de 710.000 euros para adquirir una administración de lotería en Adra junto con el investigado J.A.M.M., de quien se habrían servido para "velar" su participación.
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En este caso, el investigado se ha acogido a su derecho a no declarar en relación a este asunto hasta conocer el avance de las pesquisas. Según la UCO, para la compra de despacho de loterías se habrían utilizado 195.000 euros en efectivo.
Las declaraciones efectuadas hasta el momento, que arrancaron este jueves con la comparecencia del supuestos 'comisionista' Kilian L.S. por un contrato de dos millones de euros para la compra de mascarillas y otro material sanitario, así como del exvicepresidente tercero, quien rechazó declarar por el momento, apenas han servido para esclarecer los indicios apuntados por la Guardia Civil en sus sucesivos informes.
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