Valladolid, 3 jun (EFE).- El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y candidato del PP a la investidura, Alfonso Fernández Mañueco, ha planteado este miércoles que esta comunidad está "por encima" de su capacidad para acoger más migrantes menores de edad, lo que se plasma en el acuerdo de PP y Vox en el enunciado: "No más menores extranjeros no acompañados (MENAS)".
En la rueda de prensa que ha compartido para presentar el acuerdo con el portavoz de Vox y futuro vicepresidente autonómico, Carlos Pollán, preguntado por la cuestión que motivó en julio de 2024 la ruptura del anterior gobierno de coalición de ambos partidos -los menores extranjeros no acompañados-, Mañueco ha argumentado que es un pacto "para mirar al futuro, no para mirar al pasado".
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"Estamos por encima de nuestra capacidad, tenemos 130 plazas y tenemos 186 menores no acompañados en estos momentos", ha apostillado Mañueco, quien ha defendido la coincidencia con Vox en el "no a la actual política" del Gobierno central, lo que ha ratificado Pollán con referencias al "plan de choque contra la política migratoria de Pedro Sánchez".
Sobre las plazas disponibles para atender a personas inmigrantes, el acuerdo prevé "ni una plaza más" y reducción del gasto en esta materia al "mínimo legal imprescindible".
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El documento, que cuenta con 19 ejes y 324 medidas en 62 páginas, plantea en su punto 10, centrado en inmigración, un "rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central", lo que se materializará en que la Junta "rechazará de forma expresa" la política migratoria de Sánchez y se opondrá por "todos los medios" a "cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad".
En la práctica, PP y Vox se comprometen a que la Junta no participará "en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar" la "entrada, acogida o permanencia" de inmigrantes en situación irregular en Castilla y León.
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Para completar este principio, el texto prevé el desarrollo de un "plan de retorno y repatriación" de personas extranjeras en situación ilegal, que implicará "devolver a los menores no acompañaros a sus países de origen", aunque PP y Vox asumen que en esta materia tienen "limitadas competencias" y buscará acuerdos internacionales que "faciliten y agilicen las repatriaciones" de los menores.
Como ya ocurrió en los acuerdos de Aragón y Extremadura, PP y Vox incorporan a este acuerdo de gobierno la "verificación de edad" de los inmigrantes en situación irregular y se comprometen a disponer de una partida presupuestaria destinada a la "realización de pruebas de determinación de edad".
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Su intención, plasmada en el texto, es "evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios".
Del mismo modo, el acuerdo incluye también la "supresión total" de subvenciones a organizaciones no gubernamentales (ONG) que "favorezcan la inmigración ilegal", en el sentido de que "participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento" de la misma o sean "cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas".
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"Ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada", resumen en el punto 10.4, al que agregan después que la Junta realizará anualmente una auditoría de todos los gastos vinculados a la "inmigración masiva", para que se produzca el "mínimo desembolso de acuerdo con el marco legal vigente".
En la parte final del punto dedicado a la inmigración, PP y Vox también incluyen la "prohibición" del uso del burka y el niqab en espacios públicos, aunque lo restringen al ámbito de sus competencias, en edificios públicos autonómicos, con los "primeros pasos" para tomar esta medida ya en 2026.EFE
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