
La presunta trama del 'caso Leire Díez' ofreció al comisario jubilado José Manuel Villarejo, investigado en la macrocausa 'Tándem', un supuesto pacto con la Fiscalía a cambio de información de políticos, empresarios y policías, según un documento encontrado en el móvil de Díez por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Así lo recoge la UCO en un atestado, al que ha tenido acceso Europa Press, dirigido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga una presunta red para intentar desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno que habría liderado el exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez.
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El documento, plasmado por la UCO, contiene una serie de instrucciones: "Os avisarán para acudir a un despacho donde os encontraréis con una persona de la Fiscalía General del Estado y Leire (la que manda)". Y continúa apercibiendo a los destinatarios de que deben "estar preparados para la reunión".
Así, en el texto consta que "la idea es entrar en esa reunión y no salir hasta tener un acuerdo firmado" basado en que "el cliente aceptará una pena de cárcel", pero "no conllevará la pena de prisión" y en el que "tendrá que hacer frente a una multa económica", aunque "se preservará parte del patrimonio".
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INFORMACIÓN DE RAJOY Y COSPEDAL, ASÍ COMO DEL PSOE Y PODEMOS
A partir de entonces, añade, "el cliente deberá colaborar con la Fiscalía para el esclarecimiento" de las diferentes causas. "La prioridad serán las víctimas, la limpieza de los procesos del Estado corruptos o contaminados y terminar inmediatamente con las causas viciadas, manipuladas o creadas por encargo", indica.
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Dicha colaboración habría consistido, según el documento, en la "entrega de material de audio, 'emails' y documentos comprometidos" de un listado de personas y temas, para "limpiar la corrupción del Estado".
El listado también se encuentra en el texto y contiene a exdirigentes del PP como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o la exsecretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.
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También incluye al exministro del Interior en época de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y su entonces 'número dos', Francisco Martínez, además de al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino. Todos ellos, junto al propio Villarejo, están siendo juzgados por la 'Operación Kitchen'.
Del mismo modo, incluye "cualquier audio con personas del banco" BBVA, así como "todos los asuntos relacionados con el PSOE, especialmente de Andalucía" y "todos los asuntos relacionados con Podemos".
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EL CONTENIDO ERA "MUY POCO CREIBLE Y MUY FANTASIOSO"
El abogado de Villarejo, José Antonio García Cabrera, declaró ante la UCO como testigo el pasado jueves que la exmilitante le contactó para ofrecerle la posibilidad de reunirse con la Fiscalía porque le parecía injusta la acusación contra su representado.
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Cabrera afirmó que Díez le dijo que le iba a "recibir el FGE - Fiscal General del Estado-" en aquel entonces Álvaro García Ortiz, después de intentos "infructuosos" de acercarse a César de Rivas, fiscal anticorrupción en el caso 'Kitchen'.
El letrado de Villarejo aseguró que ni él ni su representado se reunieron con el fiscal general del Estado ni con el fiscal de Anticorrupción..
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Asimismo, Cabrera afirmó haberse reunido con Díez en dos ocasiones para hablar sobre varias noticias publicadas contrarias a Villarejo y que el contenido de ambas conversaciones le pareció "muy poco creíble y muy fantasioso".
REUNIONES ENTRE DÍEZ Y VILLAREJO
Según el informe de la UCO, Díez y Villarejo se habrían reunido en varias ocasiones y que ella habría reportado a Santos Cerdán dichos encuentros, identificado como 'S' y que habría mostrado preocupación ante la falta de actividad: "Incluso S, esté teniendo dudas".
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Los agentes señalan que la logística para que Díez pudiera asistir a estas reuniones habría sido efectuada por personal del PSOE y sufragado por este partido político.
En el atestado también se recogen unas conversaciones entre Díez y Villarejo, en las que el comisario jubilado le manifiesta que: "El fiscal sigue en la misma línea de dar caña y boicotear todo intento de sacar la verdad del origen de mi causa".
"Está visto que nosotros somos los únicos que cumplimos", continúo Villarejo, a lo que Díez le respondió: "Estoy trabajando en ello. Sabía que no iba a ser fácil, pero nada importante lo es. Tú mejor que nadie lo sabe. Déjame hacer".
"EXTERMINAR SOCIALMENTE A ALAYA"
Otro de los objetivos del grupo investigado, señala la UCO, fue la magistrada Mercedes Alaya, jueza instructora del 'caso ERE' y del 'caso Aználcollar', en el que imputó al exdirector de la SEPI Vicente Fernández, que también se encuentra investigado en esta causa de la Audiencia Nacional.
Los investigadores detallan que el 'caso ERE' contó "inicialmente como responsable policial a la Unidad de Policía Nacional adscrita a los juzgados de Sevilla", al frente de la cual se encontraba en ese momento Rafael Salvador.
Según el atestado, Díez se habría reunido con Salvador en dos ocasiones en 2020 para, supuestamente, obtener "información que pudiera comprometer a la magistrada Alaya" y "para cuestionar las investigaciones que llevó a cabo". La UCO ha encontrado en una cuenta de Drive una carpeta titulada "22 GRABACIONES RAFAEL SALVADOR".
Los investigadores señalan que la exmilitante socialista le dijo a Salvador: "¿Qué podemos destapar de ella? O sea, yo necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos, y los demás los sigo yo con un libro, ¿vale?'".
"Con las cosas que ya sé de Alaya, lo que menos necesito saber es de derecho. Todo saldrá bien, volverás y nos ocuparemos que el tumor se extirpe", escribió Díez a Vicente Fernández en febrero de 2020. Y, apenas un mes después, le dijo: "Tenemos que exterminar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no puede ser gratis".
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