Madrid, 3 jun (EFE).- Leticia de la Hoz, abogada del exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García, ha presentado un escrito ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que rebate el supuesto intento de soborno a la empresaria Carmen Pano a cambio de que negara haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz.
La letrada, que está siendo investigada en el llamado caso Leire, presentó ayer dicho escrito, al que ha tenido acceso EFE, con su versión de los hechos y "una cronología documentada" extraída de sus propios dispositivos. En él pide también llamar a declarar a una serie de testigos para tratar de acreditar que Pano ha incurrido en un delito de falso testimonio.
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Niega así, según señala explícitamente en su escrito, las informaciones difundidas por 'The Objective' relativas a que su despacho, al que se describe como "próximo al PSOE", habría ofrecido 50.000 euros a Carmen Pano para que negara haber hecho la citada entrega de dinero al partido en su sede de Ferraz, un intento de soborno que la propia empresaria ha ratificado ante la UCO que sí se produjo.
"Tal ofrecimiento no existió. La documentación que acompaño acredita cuál fue el verdadero —y lícito— objeto de los contactos mantenidos en febrero de 2025", expone.
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En concreto, según su versión, Carmen Pano y Álvaro Gallego pidieron su intermediación en la búsqueda de comprador para varias operadoras de hidrocarburos que ofrecían en venta y que el despacho finalmente rechazó "al detectar que una de esas sociedades se hallaba en situación de fraude de IVA", sostiene la letrada.
El motivo de que se dirigieran a ella, según explica, es porque entre los asuntos que lleva su despacho figura la defensa de Jesús de Gregorio, un imputado en el caso Gaslow, operadora de la que era propietario Claudio Rivas, imputado junto a Carmen Pano y Víctor de Aldama en el caso del fraude de hidrocarburos de la empresa Villafuel.
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De Gregorio se los presentó porque pensó que podían aportar información útil para su defensa, pero tras dos reuniones se constató que carecían de todo nexo con la causa y nada relevante podían aportar.
El 12 de febrero de 2025, Álvaro Gallego le pidió por WhatsApp concertar una reunión porque él y Carmen Pano deseaban vender varias operadoras de hidrocarburos y necesitaban ayuda para localizar comprador.
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El despacho contaba en ese momento con un cliente interesado en adquirir operadoras que reunieran todos los requisitos legales y el 14 de febrero se produjo ese encuentro, del que habló 'The Objective', subraya, "medio quien, sin pretenderlo, confirma que la relación no tenía nada que ver con declaración testifical alguna, sino con la compraventa de operadoras", añade.
Posteriormente se produjeron otras reuniones, pero la operación no se materializó porque las operadoras ofrecidas no cumplían los requisitos legales y el 27 de febrero una persona le advirtió de que Carmen Pano estaba informando al citado medio de que acudía al despacho para vender operadoras.
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"El malestar del despacho fue mayúsculo: no solo se nos habían ofrecido sociedades en situación irregular, sino que, además, los oferentes lo estaban trasladando a las mismas periodistas que días antes habían publicado contra nosotros una primera información incierta (la difundida el 25 de febrero de 2025) y que se halla pendiente de vista tras la previa demanda de solicitud de rectificación", expone la letrada.
Ello motivó que se les comunicara la prohibición de acceso y añade que al ser informados manifestaron que no había habido "ningún problema" entre las partes, sino "pequeños detalles", lo que, según la abogada, "difícilmente puede conciliarse esa reacción con la existencia, días antes, de un supuesto ofrecimiento de 50.000 euros".EFE
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