Fiscal ve irrefutable que el cura de Málaga violó a amigas con abuso de confianza y lo grabó con "sangre fría"

La fiscal en el juicio al cura acusado de supuestamente agredir sexualmente a cuatro amigas, tras sedarlas, ha mantenido que este se aprovechó de su condición de sacerdote para generar en las víctimas "confianza" y ha asegurado que no sólo son "violaciones especialmente graves", en las que las mujeres estaban "inconscientes", sino que "tuvo la sangre fría de grabarlo y organizarlo todo en carpetas".

La Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha dejado este viernes visto para sentencia el juicio contra este acusado, que se enfrenta a una petición de 72 años de cárcel por cuatro delitos de agresión sexual y de revelación y descubrimiento de secretos, en ambos casos con carácter continuado, y otros tantos de lesiones. El procesado no ha hecho uso de su derecho a la última palabra.

"Los hechos son irrefutables", ha dicho la representante del ministerio público en su informe final, en el que ha señalado que los hechos se demuestran con los vídeos y fotografías aportados a la causa por otra mujer, la denunciante, que asegura que mantenía una relación con el acusado; y ha precisado que en esas imágenes se muestran "violaciones de varias maneras" a cuatro mujeres y que estas estaban "bajo sumisión química".

"Son hechos especialmente graves, estaban privadas de consciencia y son agresiones sexuales graves y totalmente deleznables por ser él sacerdote", ha asegurado la fiscal, quien por esto ha señalado que solicita que se aplique en la condena del acusado la agravante de abuso de confianza.

Además, ha asegurado que la prueba de la autoría por parte del procesado "es plena" y ha recordado que hay periciales sobre las imágenes que confirman que "es él, no cabe duda" el que supuestamente comete estos hechos, punto en el que ha aludido a un informe que acredita que es su miembro el que aparece en estos vídeos.

Ha considerado que la explicación del acusado sobre un posible montaje en las imágenes por despecho de la denunciante "cae por su propio peso" y ha defendido la validez de las pruebas y la garantía de la cadena de custodia del material informático, apuntando que la defensa no ha pedido pericial al respecto y existe una trazabilidad en la obtención tras las testificales de policías y de la mujer que lo aportó.

Sobre la denunciante, ha agradecido "su valentía" y ha destacado que frente a ese "conflicto moral interior" que tuvo al principio cuando encontró las imágenes en un disco duro en la casa del acusado en Melilla, "pudo más su ética ciudadana al final" y denunció, sin que exista en su opinión motivos espurios en ella.

La fiscal también ha mantenido la acusación como responsable civil subsidiaria del Obispado, no solo porque los hechos "los cometió uno de sus miembros", sino también al considerar que existe "culpa in vigilando", porque "hizo caso omiso, miró para otro lado". "No quisieron saber, no tomaron la iniciativa, no acompañaron a la denunciante", ha apostillado.

En este mismo sentido se han pronunciado las acusaciones particulares, en representación de las cuatro víctimas, quienes han incidido en que, además de ser sacerdote, algunos de los hechos supuestamente se habrían cometido en inmuebles propiedad de la Iglesia.

Además, los letrados han mantenido que sus representadas tienen "una secuela persistente", según los informes periciales, y "no van a recuperar sus vidas"; además de haber sufrido "la traición", al ser el acusado su amigo y no ser conscientes de lo que había ocurrido hasta que les llamo la Policía, además de que se han visto afectadas sus creencias religiosas.

Por su parte, la defensa ha solicitado una sentencia absolutoria y ha dicho que "no ha quedado acreditado que buscara una amistad con estas chicas con la finalidad de cometer estos hechos" y sí que ha quedado demostrado que las mujeres dormían en viajes en grupo con el acusado "voluntariamente" al ser amigos. También ha apuntado que decir acreditado su conocimiento de las drogas "no es cierto".

La letrada ha precisado las "irregularidades" en su opinión en la obtención de la prueba, al entrar la denunciante en el domicilio del acusado "y realizar una verdadera inspección" debido al enfado que tenía porque él no quería una relación. También cree acreditado que no vivían juntos y que fue a la casa "sin consentimiento".

Además, ha combatido el material informático en el que se apoyan las acusaciones, al señalar que están "sin las mínimas garantías"; y ha asegurado que no hay posibilidad de realizar análisis ni periciales de esos archivos en relación con el disco duro original porque este no se ha encontrado.

Por parte de la Diócesis malagueña, acusada como responsable civil subsidiaria, su letrado ha incidido en que el Obispado "no facilitó, no toleró" estas presuntas actividades del procesado y en que no hay prueba de que tuviera conocimiento; al tiempo que ha considerado que se ha demostrado que en algunos de los hechos no era sacerdote.

De hecho, el abogado ha señalado que las víctimas tenían una relación "de amistad" con el sacerdote "de mucho tiempo antes" y se ha parado especialmente en que todas las actividades que el acusado y las mujeres realizaban "no eran por ser sacerdote, sino porque eran amigos, se conocían de antes".

"Estamos ante encuentros privados, clandestinos, ocultos", ha aseverado el abogado, que ha recordado que ni siquiera las propias víctimas conocían estos hechos ni tampoco sus entornos. "Cómo lo iba a conocer la Iglesia", ha apostillado.