Madrid, 29 may (EFE).- El Ministerio para la Transición Ecológica ha agradecido a la Comisión Europea el "intenso trabajo" realizado para comprobar que la propuesta de crear un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español para preservar la seguridad de suministro -popularmente, seguro contra apagones- es acorde con la normativa europea.
Fuentes del departamento que dirige la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, celebran la decisión de Bruselas de dar luz verde al mecanismo sugerido por España, e informan de que Transición Ecológica ha avanzado, "en paralelo a las conversaciones con la Comisión Europea", en la tramitación de esta propuesta normativa, que esperan aprobar "durante las próximas semanas".
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En este nuevo mecanismo participarán la generación, el almacenamiento y la demanda -consumidores y agregadores-, que percibirán una retribución por aportar firmeza al sistema eléctrico, bien por estar disponibles para inyectar electricidad o bien por reducir el consumo.
Las mismas fuentes se remiten a los cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que estima que dicho mercado tendrá un volumen económico de 800 a 900 millones de euros anuales, en función del resultado de las subastas que permitirán asignar la retribución.
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Los financiará, principalmente, la comercialización de electricidad, con mayor peso en las horas de mayor estrés del sistema eléctrico, como una noche de invierno con escasa generación renovable, temperaturas muy frías y, por ende, una elevada demanda.
Con el nuevo mercado se conseguirá asegurar la cobertura de la demanda y ofrecer señales de inversión para que el almacenamiento y la gestión de la demanda se incorporen definitivamente al sistema y se avance ordenadamente hacia una economía neutra en emisiones de carbono.
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En diciembre de 2024 -por tanto, antes del apagón peninsular del 28 de abril de 2025-, Transición Ecológica sacó a audiencia pública la propuesta de orden ministerial para crear un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español con el objetivo de preservar la seguridad de suministro.
Fuentes del ministerio se refirieron a él entonces como un seguro que el regulador adquiere en nombre de los consumidores -a los que se les repercutiría después en su factura siguiendo el esquema de peajes y cargos- para garantizar el suministro en los momentos de mayor estrés para el sistema.
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Los mecanismos de capacidad están presentes históricamente en la Unión Europea (UE), que en un primer momento abrió procedimientos de infracción a la práctica totalidad de sus Estados miembros para que dejarán de aplicarlos.
Después fue autorizando algunos, aunque con un horizonte temporal, una condición que eliminó la reforma del diseño del mercado eléctrico europeo.
La implantación de un mercado como este debe respetar la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado -hay que justificar que adoptarlo implica un coste menor al que conllevaría un apagón en España- y del mercado interior de la electricidad.
Este viernes, Bruselas ha aprobado finalmente la medida notificada por el Gobierno español, cuya duración está prevista en 10 años a partir de este mayo, tras concluir que la iniciativa se ajusta a la normativa europea sobre ayudas de Estado por ser "necesaria, adecuada y proporcionada".
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El plan está dotado con unos 900 millones de euros al año, lo que hasta 2036 eleva su montante total a 9.000 millones, si bien esta cantidad está sujeta a los resultados de cada subasta de capacidad. EFECOM
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