Vence el plazo de alegaciones al informe sobre el lobo entre desacuerdos sobre su estado

Madrid, 27 may EFE).- El plazo para presentar alegaciones al informe sexenal sobre el lobo vence este miércoles con un desacuerdo absoluto entre los grupos ecologistas y las comunidades autónomas 'loberas' respecto a la protección que debe darse a esta especie.

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) abrió el pasado 6 de mayo el periodo de información pública del informe sexenal 2019-2024 sobre el estado de conservación del lobo ibérico, que concluye que su estado sigue siendo desfavorable en España, con el fin de "contar con aportaciones de interés en la toma de decisiones". El plazo se cierra ahora, 21 días después.

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente debe aprobar el informe sexenal antes de su remisión a la Comisión Europea. El organismo comunitario tendría que haber recibido el documento antes del 31 de julio de 2025 y abrió un expediente a España por no enviarlo a tiempo.

Catorce comunidades autónomas anunciaron entonces acciones legales contra el Gobierno central: Galicia, Castilla y León, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Islas Baleares, Madrid, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, indicó la semana pasada que los datos sobre el estado del lobo, si bien no estaban traducidos al formato del informe sexenal diseñado por la Comisión Europea, fueron entregados "personalmente" por él en agosto de 2025.

Ahora el Miteco demanda a las comunidades autónomas que remitan datos actualizados que incluyan el impacto en las poblaciones de lobo de los devastadores incendios de la pasada temporada y de las últimas muertes autorizadas por los gobiernos locales.

"No hacer esta actualización significaría tanto como engañar conscientemente a la Comisión Europea y eso el Gobierno de España no lo va a hacer", afirmó Morán.

Este martes la Comisión para la Transición Ecológica del Senado aprobó una moción presentada por el PP en la que insta a convocar "de forma inmediata" la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para abordar la gestión de lobo y aprobar el informe sexenal.

Mientras, en Asturias se ha anunciado para junio la aprobación de un decreto que dará cobertura al nuevo plan de gestión del lobo y se adecuará a la sentencia de febrero del Tribunal Supremo.

Esta instancia dictaminó que la autorización para matar lobos solo será posible cuando constituya la única solución para evitar daños al ganado, por lo que debe ir precedida de un examen de medidas alternativas.

La Unión Rural de Asturias ha criticado que el borrador del decreto "no prioriza" las cacerías, a su juicio la opción "más eficaz".

En Galicia, la Conselleria de Medio Ambiente e Cambio Climático ha denunciado que el Gobierno central está comprometiendo la viabilidad de las explotaciones ganaderas con su empeño en demostrar que el estado de conservación del lobo es desfavorable.

También en los últimos días el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha rechazado la suspensión cautelar solicitada por Pacma del Plan de Gestión de la comunidad autónoma, aprobado en marzo.

Entre los grupos ecologistas que han presentado alegaciones al informe sexenal, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) ha argumentado que el ligero aumento de población registrado en algunos territorios "no compensa problemas graves como la fragmentación genética, la baja dispersión, la endogamia, el furtivismo, los atropellos o las recientes campañas de eliminación impulsadas por distintas comunidades autónomas".

"Por ello, hemos solicitado al Ministerio que el informe sexenal 2019-2024 eleve la calificación de Estado de Conservación Desfavorable-Malo (U2) para todas las bio-regiones de la España peninsular porque la categoría U1 es insuficiente desde el prisma de la evaluación rigurosa que exige la Directiva Hábitats, máxime adoptando un criterio conservador, que es lo que se esperaría de una administración pública", ha indicado la asociación.

Ecologistas en Acción, por su parte, ha exigido que el informe sexenal mantenga la consideración del "estado de conservación desfavorable" para el lobo ibérico y reclama que cualquier evaluación se base en información científica alejada de intereses políticos y económicos.

Al tiempo, ha denunciado la "manipulación política" que las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León ejercen en la evaluación del lobo ibérico. Sus datos, asegura la organización verde, "carecen de justificación" y "buscan construir artificialmente un escenario favorable para facilitar futuras políticas de control letal y desprotección jurídica del lobo".

WWF ha mostrado su apoyo al informe técnico elaborado por el Ministerio, que concluye que el lobo se encuentra en estado de conservación desfavorable-inadecuado en la región atlántica y desfavorable-malo en la mediterránea.  

Las modificaciones legales que facilitaron la salida de las poblaciones al norte del Duero del LESRPE ( Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial) fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios 8023110601 / 8022868752)