La justicia investiga a un exconseller de ERC y a un exlíder de ICV por contratos a dedo

(Actualiza la NA3411 con más datos del auto)

Barcelona, 27 may (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investiga al exconseller y actual diputado de ERC Joan Ignasi Elena y al excoordinador de ICV Joan Herrera por un delito de prevaricación, por la presunta adjudicación a dedo de contratos del Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona) a su empresa de consultoría.

En un auto, que ha avanzado 'El País', la sala civil y penal del alto tribunal ha acordado abrir esta investigación, de la que será instructor el magistrado Carlos Ramos, en paralelo a la que el Tribunal Supremo mantiene por los mismos hechos contra el exalcalde de Altafulla y actual diputado en el Congreso de Sumar En Comú Podem por Tarragona Fèlix Alonso, aforado ante ese órgano.

Las investigaciones derivan de la exposición razonada que un juzgado de El Vendrell (Tarragona) elevó a ambos tribunales, por afectar a aforados, ante los indicios de que el Ayuntamiento adjudicó contratos troceados, sin publicidad y sin los informes preceptivos favorables, a una empresa cuyos directivos "mantienen una vinculación política estrecha con el partido del alcalde".

Los contratos investigados, que suman más de 30.000 euros, se adjudicaron entre los años 2017 y 2019. En esa etapa, Herrera llevaba años apartado de la política y Elena, que fue conseller de Interior con Pere Aragonès entre 2021 y 2024, no ocupaba ningún cargo público, tras haber abandonado el PSC debido a discrepancias por el procés.

El TSJC considera que los investigados utilizaron de forma "supuestamente fraudulenta la figura del llamado contrato menor" que permite adjudicaciones sin concurso público, e infringieron "intencionadamente" los requisitos sobre contratación pública que impone la ley.

En concreto, sostiene el auto que los investigados se concertaron supuestamente "en su propio interés" para conseguir la prórroga de una adjudicación de asesoramiento jurídico externo mediante la figura del contrato menor, que permite la asignación directa a cualquier empresario al no superar los 18.000 euros durante un máximo de un año.

Ese servicio de asesoramiento lo prestó hasta 2017 la firma Milà Advocats y, posteriormente, pasó a manos de Sinergia EDM, de la que son socios y administradores solidarios Elena y Joan Herrera.

Según el TSJC, Sinergia EDM facturó los servicios de asesoramiento de forma mensual por un importe de 1.300 euros, pero fuera de contrato se emitieron otras nueve facturas que incluían conceptos similares y que, excepto en dos casos, habían sido pagadas en 2019.

La suma de las 22 facturas ascendió a 25.046,67 euros más 5.259,80 euros de IVA, lo que superaba el precio del contrato menor, que era de 15.600 euros más 3.276 euros de IVA, añade el auto.

El TSJC subraya también que la interventora municipal advirtió en un informe de fiscalización de 2017 que en esas facturas no se habían respetado "los principios de publicidad y concurrencia de la contratación pública por corresponder a servicios o suministros que se repiten a lo largo de los años con el mismo proveedor".

El TSJC también pone el foco en la adjudicación, en junio de 2017 de un contrato menor que el Ayuntamiento de Altafulla adjudicó a Sinergia EDM, que cobró 5.000 euros por este encargo, para que redactara los pliegos para la planificación, coordinación y programación del Casal Municipal de La Violeta.

Este contrato se hizo, según el tribunal, sin el "oportuno informe del órgano" de contratación que justificase su necesidad, sin el informe jurídico del secretario aprobando el expediente de contratación y con informes contrarios de la interventora municipal.

Es más, el alto tribunal catalán, a partir de la exposición razonada remitida por el juzgado de El Vendrell, apunta que un encargo como el relativo a La Violeta era una de las tareas que "habitualmente" realizaba el personal municipal.

El TSJC sostiene que en estas contrataciones bajo sospecha se habría hecho un "uso indebido" de la prórroga y de la propia figura del contrato menor, se habría actuado "en contra" de informes desfavorables de la interventora municipal y en ausencia de informes necesarios del secretario municipal.

El alto tribunal resalta que tanto Elena como Herrera, investigados como "cooperadores necesarios" de un delito de prevaricación, "no podían desconocer -presuntamente- la normativa correspondiente a la contratación pública por su experiencia pública y profesional", ya que por ejemplo el exconseller de Interior es abogado de la especialidad y había sido alcalde de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) entre 2005 y 2011, cuando aún militaba en el PSC. EFE