Madrid, 27 may (EFE).- La financiación ilegal del PSOE es la línea roja señalada por los apoyos parlamentarios del Gobierno desde el estallido del caso Koldo en 2023 para marcar el límite a partir del cual podrían dejar de apoyarle.
Varios portavoces de la izquierda han sido explícitos a este respeto en el día de hoy: Gabriel Rufián (ERC) o Águeda Micó (Compromís) han hecho esta advertencia, al igual que Enrique Santiago (IU).
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Todos han señalado que si las investigaciones judiciales cruzaran ese límite pedirían elecciones, en la fórmula expresada por el portavoz de ERC, o romperían con el Ejecutivo, como ha dicho Compromís.
Desde otras formaciones nacionalistas, las advertencias a que la línea roja de la financiación ilegal del PSOE sería definitiva se han puesto de manifiesto, al menos, desde el estallido del caso Koldo, seguido por las imputaciones de los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán.
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Así ha sucedido con el PNV, que ha señalado en diversas ocasiones que de aparecer indicios o pruebas judiciales de una contabilidad paralela o financiación irregular en el PSOE, su sostenimiento del Gobierno se haría inviable.
Por parte de Junts, las distancias se han venido ampliando desde que, en 2023, su portavoz, Miriam Nogueras, con ocasión de la imputación del exsecretario de Organización Santos Cerdán, ya dijo que si había habido una financiación ilegal en el PSOE "se iba a saber" y sería un problema.
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Más tarde, en noviembre de 2025, formalizaron su ruptura con Pedro Sánchez y dejaron claro que el presidente dejaba de tener la mayoría de su investidura en el Congreso. EFE
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