Sevilla, 13 may (EFE).- Las reivindicaciones de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de CCOO y UGT para las elecciones autonómicas del 17 de mayo difieren en un punto de partida fundamental como es el peso de la iniciativa privada en la economía frente al del sector público, aunque coinciden en la necesidad de mantener el diálogo social.
Los sindicatos centran sus principales demandas en el refuerzo del sector público, en las subidas salariales y en la lucha contra la siniestralidad laboral, entre otras, mientras que los empresarios inciden en una mayor libertad de empresa con menos trabas administrativas y menos cortapisas a la iniciativa privada.
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Una de las propuestas destacadas de la CEA para avanzar en el ámbito de la reducción de trámites administrativos es la creación de una unidad de tramitación de proyectos, en la que tendrían cabida la Junta, la administración y la local competente, para impulsar proyectos públicos estratégicos.
En esta línea, también plantea ampliar el contenido de la unidad aceleradora de proyectos (UAP) a iniciativas de menos envergadura y extender el uso de la declaración responsable para agilizar la puesta en marcha de los proyectos empresariales.
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Para impulsar la actividad económica la CEA apuesta por la mejora de la infraestructuras en general en Andalucía, tanto las energéticas que están saturadas y limitan el desarrollo en muchos puntos de la región, como las del transporte ferroviario y por carretera ante su alto nivel de deterioro.
La gestión del talento es otro de los asuntos que preocupan a los empresarios andaluces y plantean seguir impulsando la formación profesional dual y retener el talento que sale de las universidades.
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UGT y CCOO inciden en la necesidad de que los avances económicos y el aumento de los beneficios empresariales lo perciban los trabajadores mediante subidas salariales y mejoras laborales, sobre todo en una coyuntura en la que la carestía de la vida ha impactado de lleno en los hogares debido al aumento de los precios todos los productos y servicios y sobre todo de la vivienda.
El refuerzo del sector público y de las plantillas de trabajadores sanitarios y docentes es otro de los caballos de batalla sindicales para estas elecciones tras las movilizaciones que han protagonizado contra la gestión sanitaria de la Junta y contra lo que consideran una "privatización y desmantelamiento del sector público" en beneficio de la iniciativa privada.
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Otro de las prioridades sindicales es la lucha contra la siniestralidad laboral -cada tres días muere un trabajador- con planes de choque para revertir esta situación y con un incremento de los recursos destinados a la Inspección de Trabajo, al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y a las estructuras autonómicas de prevención.
La vivienda es otro eje de sus reivindicaciones y, junto con otras organizaciones, han presentado en el Parlamento una iniciativa legislatura popular en la que piden se fije en máximo del 30 % del salario el esfuerzo económico para pagar una vivienda.
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Otras demandas son un plan integral de empleo con atención a los mayores de 55 años y a los jóvenes, recuperar las clausulas sociales en las licitaciones y un plan contra el fraude laboral porque denuncian que se hacen más de medio millón horas extras a la semana que no se pagan ni se declaran.
Por su parte, el sindicato de funcionarios CSIF centra sus peticiones a los partidos que concurren a las elecciones andaluzas en un compromiso firme con los servicios públicos y en reforzar la sanidad, la educación o la justicia y la mejora de las condiciones de sus profesionales.
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También reclama avanzar hacia un diálogo social "más abierto y plural", así como una Ley de Participación Institucional que "represente a todos los trabajadores y no se limite a los sindicatos de siempre". EFE
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