San Fernando de Henares (Madrid), 12 may (EFE).- La Abogacía del Estado ha mantenido este martes que los pagos de empresarios a Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat, obedecen a "favores irregulares o inconfesables", pese a no compartir la tesis de la Fiscalía sobre el origen corrupto de los fondos.
Los abogados del Estado José Ignacio Ocio y Álvaro Bazán han expuesto este martes sus informes finales en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por el origen de la fortuna oculta de los Pujol en Andorra, que la Fiscalía cree procede de comisiones ilegales pagadas por empresarios a cambio de obra pública.
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En su escrito de acusación, la Abogacía no se sumó a la tesis de la Fiscalía sobre el origen corrupto del dinero, por lo que descartó el delito de asociación ilícita que el ministerio publicó atribuye a la familia y planteó cargos únicamente contra el hijo mayor del expresident, al que pide 25 años de cárcel, así como contra su exesposa Mercè Gironès y su hermano Josep Pujol.
En su informe, Ocio ha explicado que la posición de la Abogacía se sitúa en una posición "intermedia": los ingresos de Jordi Pujol Ferusola "son ganancias patrimoniales no justificadas", pero no "el precio de un delito" que esgrime la Fiscalía ni una "actividad económica completamente normal", como mantienen las defensas.
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En ese sentido, el abogado se ha remitido a la sentencia del Tribunal Supremo de 2024 sobre el "caso Ópalo", una trama de desvío de fondos mediante facturación falsa por servicios simulados, para concluir que el motivo de los pagos al primogénito era "un favor irregular o inconfesable".
"La causa del pago queda en la penumbra", ha sostenido el abogado del Estado, que cree que eso descarta la posibilidad de que el dinero que Jordi Pujol Ferrusola ingresaba en sus empresas por trabajo de asesoramiento e intermediación obedeciera a una "actividad económica normal".
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José Ignacio Ocio fundamenta sus hipótesis en la falta "absoluta" de documentación o testigos que acrediten los servicios prestados por Jordi Pujol Ferrusola, así como en el "carácter secreto o misterioso" de la intervención del primogénito: "Solo se relaciona con los máximos directivos; cuando entran a actuar segundas espadas, desaparece".
Según el abogado, a lo largo del juicio ha "costado contar con un testigo que dedique más de 15 segundos a decir qué intervención" tenía Jordi Pujol Ferrusola en las sociedades a las que facturó. "Nadie recuerda nada en estas empresas", ha añadido.
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En consecuencia, la Abogacía del Estado considera que las sociedades con las que Pujol Ferrusola facturaba a empresarios no eran más que "cascarones vacíos" sin entidad alguna, sin medios materiales y humanos más allá de una secretaria y sin gastos, exceptuando los de representación y uso personal.
"Es inverosímil que una persona pueda tener actividades en México o Argentina y negocios internacionales con una sola secretaria", ha concluido.
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Por su parte, Álvaro Bazán ha centrado su intervención en desmontar la tesis de la defensa de que los ejercicios fiscales de 2007 y 2008 están prescritos para Jordi Pujol Ferrusola, alegando que el plazo aplicable debe ser el del delito de blanqueo de capitales "concomitante" -de 10 años-, que ya se estaba investigando judicialmente desde 2013.
Respecto al argumento de la defensas de que no se puede condenar a los Pujol por blanqueo de capitales porque no está acreditada la corrupción previa, Bazán ha razonado que está ampliamente aceptado en la jurisprudencia que el fraude fiscal puede ser el antecedente de ese delito. EFE
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