El Gobierno reitera su compromiso con la igualdad real y efectiva del colectivo LGTBI+

Madrid, 12 may (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una declaración institucional para reiterar su compromiso con la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, y la defensa de sus derechos tanto a nivel nacional como internacional.

Con motivo del Día Internacional contra la LGTBI-fobia, que se celebra el próximo 17 de mayo, el Ejecutivo ha aprobado este texto, en el que recuerda que España es un referente en derechos LGTBI+ y "goza de un amplio crédito como país y sociedad respetuosa y comprometida con la inclusión, la diversidad y la tolerancia".

La declaración también advierte de la necesidad de seguir luchando por los derechos de las personas del colectivo, como reflejan los datos de 2024 de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), que señala que dos de cada tres personas LGTBI+ consideran que los prejuicios y la intolerancia hacia ellos se han incrementado en los últimos años, y tres de cada cuatro perciben que ha aumentado la violencia.

Asimismo, el texto alerta del incremento de los discursos de odio contra este colectivo, sobre todo a través de internet y de las redes sociales, y que en la actualidad suponen el 27,57 % del total de esos delitos registrados en nuestro país, siendo la segunda causa tras los delitos por motivos racistas o xenófobos.

Además, subraya que los datos son solo "la punta del iceberg" de las violencias LGTBI-fóbicas, ya que se refieren a casos que han sido efectivamente denunciados e investigados.

También remarca que solo el 32 % de las personas LGTBI+ muestran abiertamente su orientación sexual o identidad de género en el trabajo, un 20 % lo oculta por completo, y el 48 % lo muestra de forma selectiva.

Además, menciona una investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que advierte que las personas LGTBI+ tienen un 7 % menos de posibilidades de encontrar empleo, unos ingresos medios un 4 % más bajos que el resto de la población y un 11 % menos de probabilidades de ocupar puestos directivos.

Por otro lado, recoge que los avances normativos impulsados han ido en paralelo con el desarrollo de políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho a la información y a la atención integral a las víctimas de la violencia y la discriminación. EFE