El fiscal contrapone el "saqueo" de los Pujol con el discurso de "España nos roba"

(Actualiza la información NA2090, con más detalles del informe del fiscal)

San Fernando de Henares (Madrid), 12 may (EFE).- El fiscal Fernando Bermejo ha confrontado el "discurso público de 'Espanya ens roba' (España nos roba)" mantenido desde hace años en Cataluña con el fraude fiscal y el "saqueo" de los Pujol, a quienes ha reprochado que eludieran el pago de impuestos destinados a pagar "colegios, hospitales y servicios públicos".

En sus informes finales ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a la familia Pujol por la fortuna oculta en Andorra, Bermejo ha arremetido contra el intento de las defensas de presentar el caso como un "ataque a Cataluña y un juicio político", esgrimiendo las maniobras de la llamada "policía patriótica".

Asimismo, ha pedido al tribunal que valore las pruebas del juicio en el "contexto" de los delitos de corrupción, que tienen lugar "en el ámbito de una 'omertá' interesada y buscada", lo que explica a su parecer que ninguno de los empresarios que han declarado en el juicio haya aclarado el origen de las facturas millonarias sin soporte documental pagadas al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola.

Bermejo, que pide penas de entre 8 y 29 años para los siete hijos del expresidente catalán, se ha remitido a la declaración de uno de los testigos del juicio, quien aseguró que en Cataluña era una "tradición familiar" tener cuentas en Andorra, y ha opinado que esa afirmación no sirve para "la mayoría de ciudadanos que nacieron en Cataluña o vinieron de otras partes de España por razones de trabajo" a contribuir a la "prosperidad".

En ese sentido, ha reivindicado que el caso Pujol "no ataca a Cataluña" sino que pretende defender el "sistema tributario como pilar del Estado social" y, en consecuencia, a los ciudadanos catalanes, frente un discurso "sostenido desde hace años" en el que se culpa al Estado de la falta de recursos para financiar servicios públicos.

Todos esos ciudadanos, según Bermejo, contribuyeron a las arcas públicas "cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Por consiguiente, no había una tradición en Cataluña de tener cuentas en Andorra, lo que había era delito", ha añadido.

"Quien defrauda a la administración pública no perjudica a un ente abstracto sino que detrae recursos de los servicios públicos que sostienen a las comunidades autónomas, incluida Cataluña", ha añadido el fiscal, que cree especialmente "contradictorio invocar ese discurso de agravio" cuando se evita pagar impuestos.

Para Fernando Bermejo, la "gravedad institucional" de este supuesto fraude fiscal se incrementa por la "posición de los acusados", que no son meros contribuyentes anónimos sino "quienes durante décadas formaron parte y ostentaron la máxima representación institucional en Cataluña".

Según Bermejo, en el juicio contra los Pujol "no se trata de perseguir a una familia por razones políticas, sino de "una organización criminal" en un caso de "corrupción política a una escala muy importante", pues no puede obviarse su "relación directa con quien fuera presidente de la Generalitat catalana y su familia durante gran parte de toda nuestra reciente historia democrática".

En ese sentido, ha pedido al tribunal que valore el caso en su contexto, en aquella "Cataluña emergente" en la que se pagaba a la familia Pujol con el 3%, "como si fuera a un club", para acceder a obra pública.

Como caso paradigmático de corrupción, mantiene Bermejo, la sala debe tener en cuenta la estrecha vinculación entre los poderes públicos y las empresas que "viven de contratos públicos", lo que explica a su parecer los silencios de los empresarios que han declarado sobre la supuestas comisiones pagadas a los Pujol: "Les conviene llevarse bien con el poder adjudicador".

Para Fernando Bermejo, el juicio del caso Pujol ha permitido probar la existencia de una "red de clientelismo" con empresarios con la que la familia del expresident buscaba amasar "una gran fortuna" al tiempo que "perjudicar" a la sociedad catalana.

A juicio del fiscal, los fondos de origen desconocido que los Pujol han ido ingresando al menos desde los 90 en Andorra fueron fruto de un "auténtico saqueo de un montón de millones de pesetas, libras y dólares", sin que la tesis de la "deixa" (legado) del abuelo Florenci que esgrime la defensa pueda darse por acreditada dado que no "existe soporte documental" de la misma.

Fernando Bermejo considera también acreditado el delito de asociación ilícita que atribuye a los Pujol, una organización en cuya "cúspide" sitúa al expresident y su esposa -fallecida en 2024-, mientras Jordi Pujol Ferrusola ocupaba el "segundo escalón" -encargado de la gestión de los fondos- y sus seis hermanos, el tercero.

Bermejo ha afeado además a las defensas que hayan provocado "dilaciones" en el caso desde el inicio de la investigación mediante distintas maniobras, desde las acciones judiciales en Andorra a las peticiones de expurgo de la causa, lo que ha demorado el juicio durante 14 años.

El fiscal ha terminado su informe destacando que la fortuna de los Pujol ha ascendido desde 1990 a cerca de 38 millones de euros, lo que comporta una "minoración real" de los ingresos de Hacienda, tanto estatal como autonómica, y un "perjuicio" que recae "especialmente" en Cataluña.

"No estamos simplemente ante dinero oculto en cuentas lejanas sino que se detrayeron recursos públicos de forma consciente durante muchos años con un impacto económico real y medible", ha concluido. EFE

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