Prisión provisional y sin fianza para el joven acusado de matar a su madre en Corralejo (Fuerteventura)

El Juzgado de Instrucción de Puerto del Rosario (Fuerteventura) ha acordado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el joven, de 22 años, investigado por la presunta comisión de un delito de asesinato cualificado y un delito continuado de estafa relacionado con la muerte violenta de su madre en Corralejo, en el municipio de La Oliva, que fue encontrado este viernes, 8 de mayo, en el vertedero de Zurita.

Según informa la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el auto recoge que la medida cautelar se adopta tras la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a solicitud del Ministerio Fiscal, que ha apreciado riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

Asimismo expone, siempre de forma indiciaria y sin prejuzgar el resultado del procedimiento, que los hechos investigados habrían ocurrido el 3 de mayo cuando el investigado habría acudido al domicilio familiar "con la intención de acabar con la vida de la víctima y obtener dinero que esta se había negado a entregarle".

Posteriormente, atendiendo a los indicios reseñados por la instructora, en el interior de la vivienda se produjo una discusión y, a continuación, una agresión presuntamente cometida con extrema violencia.

En el auto se recoge, además, que tras la muerte de la mujer, el investigado habría efectuado varias transferencias bancarias desde la cuenta de la víctima a la suya por un importe total de 3.000 euros.

Asimismo se indica que parte de ese dinero se habría destinado presuntamente a gastos realizados durante la madrugada y a la compra, a primera hora de la mañana, de diversos utensilios, tales como una sierra radial con la que supuestamente habría desmembrado el cuerpo, así como productos de limpieza.

Posteriormente el investigado habría regresado a la vivienda para descuartizar el cadáver con la radial y se habría deshecho de los restos en contenedores próximos al domicilio, además de limpiar la escena de los hechos y eliminar parte de los instrumentos utilizados.

El juzgado destaca como principales elementos indiciarios las manifestaciones testificales, el visionado de cámaras de seguridad, los movimientos bancarios, los albaranes de compra, la inspección ocular practicada en la vivienda, los hallazgos efectuados en el vertedero y la propia declaración del investigado, así como la diligencia de reconstrucción de hechos.

En el auto también se menciona indicios sobre la posible participación de una tercera persona no identificada plenamente en este momento procesal. La instructora destaca que todavía no han aparecido algunos de los objetos supuestamente empleados en los hechos, circunstancia que refuerza, a juicio del juzgado, el riesgo de destrucción de pruebas si el investigado quedara en libertad.

Por ello, desde el punto de vista jurídico y de manera provisional, la jueza considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de asesinato con varias circunstancias cualificadoras.

En concreto, aprecia de forma indiciaria alevosía, ensañamiento y la finalidad de facilitar la comisión de otro delito, además de un delito continuado de estafa por las transferencias realizadas sin consentimiento desde la cuenta bancaria de la fallecida.

La resolución también examina igualmente la alegación relativa al consumo de drogas y concluye, en esta fase inicial, que no existen elementos suficientes para apreciar que esa circunstancia afectara de forma relevante a la capacidad del investigado en el momento de los hechos.

Además razona que, según los indicios expuestos, el consumo de sustancias no excluiría la posible planificación previa que el auto sitúa al menos desde la mañana del mismo día 3 de mayo.

Finalmente la jueza justifica la medida cautelar principalmente en el riesgo de fuga atendiendo a la gravedad de los delitos investigados y de las penas asociadas, que podrían alcanzar hasta 25 años de prisión por el asesinato cualificado. La resolución también tiene en cuenta la edad del investigado, su escaso arraigo familiar tras los hechos, así como la situación personal y laboral reflejada en las actuaciones.