La Fiscalía del Supremo apoya un indulto parcial al ex fiscal general Álvaro García Ortiz

Madrid, 8 may (EFE).- La Fiscalía del Tribunal Supremo ha apoyado la concesión de un indulto parcial al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, en concreto respecto a la pena de dos años de inhabilitación para ejercer el cargo que ocupaba, que le impuso el Alto Tribunal por un delito de revelación de secretos.

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha emitido un informe ante la Sala Segunda del Alto Tribunal en el que apoya parcialmente la petición que hicieron dos ciudadanos en diciembre al Gobierno de que se otorgara el indulto total a García Ortiz, condenado el pasado mes de noviembre por revelación de secretos del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

García Ortiz fue condenado al pago de una multa de 7.200 euros y a una indemnización de 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil (que, según el informe de la fiscal, ya habría satisfecho), así como a abonar las costas del procedimiento. Asimismo se le impuso la citada pena de dos años de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado.

Pena esta última que es la que defiende la teniente fiscal que debe ser indultada y que observa que, según la condena del Supremo, quedará extinguida presumiblemente el 9 de diciembre de 2027, por lo que reclama que se le perdone lo que le queda por cumplir cuando se le conceda el indulto.

 Una medida de gracia que tendría, según señala, efectos "limitados", pues solo se minoraría la duración y se acortarían los plazos para cancelar los antecedentes penales.

El informe alude a la ausencia del "beneficio personal" de García Ortiz respecto al delito cometido, la "incidencia desorbitada" de la condena "sobre la reputación, carrera profesional y posición institucional" del exfiscal y que el fallo ha "generado consecuencias extrapenales intensas y desproporcionadas".

La teniente fiscal deja al mismo tiempo constancia de que la condena de la Sala Segunda "ha cumplido las funciones retributivas a que estaba llamada, pues ha afirmado la

vigencia de la ley penal, ha declarado la responsabilidad penal, ha preservado el principio de igualdad ante la ley, mostrando que incluso las más altas autoridades del Estado están sometidas a control judicial".

Respecto al indulto parcial que defiende, señala también que, al haber abandonado su puesto de fiscal general tras conocerse el fallo de la sentencia, una nueva fiscal general del Estado ha sido nombrada por un mandato de cuatro años, cargo del que solo puede ser cesada por "unos estrictos motivos tasados" en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, por lo que entiende que la extensión de la pena de inhabilitación especial "carece de gran relevancia".

El indulto, añade, tampoco equivaldría a  revisar los hechos que se han considerado acreditados ni su calificación jurídica, y su solicitud "solo se encamina a tomar en consideración si la ejecución íntegra de la pena resulta necesaria, proporcionada y útil desde la perspectiva de la justicia, la equidad y la utilidad pública".

Pide así que se considere la ausencia en estos hechos de "beneficio personal patrimonial", y que la causa "tuvo una repercusión pública extraordinaria, con una incidencia desorbitada sobre la reputación, carrera profesional y posición institucional del penado", además de la imposibilidad de reiteración delictiva.

"No puede desconocerse, que ausente todo motivo de lucro, la actuación del penado tuvo como finalidad preservar el buen nombre de la institución por él presidida ante los ataques que cuestionaban el quehacer profesional de los fiscales en un asunto de enorme interés mediático e incluso su propia actuación al imputársele falsamente, y así está reconocido, un comportamiento no acomodado al ordenamiento jurídico, lo que permite apuntar la dimensión institucional y constitucional del asunto", destaca.

Reclama también que se tenga en cuenta que García Ortíz en todo momento asumió "la responsabilidad en la confección de la nota de prensa informativa que está en la base de su condena", que ha estado siempre a disposición del tribunal, que renunció a su cargo, y que ha hecho entrega de todas las cantidades que le han sido requeridas para el pago de la multa impuesta y el abono de la responsabilidad civil.EFE

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