Madrid, 6 may (EFE).- El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha resaltado este miércoles el acuerdo "cerrado y privilegiado" que el exministro de Transportes José Luis Ábalos tenía con el comisionista Víctor de Aldama para que los contratos de mascarillas en la pandemia fueran adjudicados a Soluciones de Gestión, como propuso el empresario.
Durante la exposición en el Tribunal Supremo de su informe final en el juicio contra Ábalos, su exasesor Koldo García y Aldama, el fiscal ha dejado claro que cuando en marzo de 2020 se declaró el estado de alarma, al comisionista "no se le podían escapar los lucrativos contratos de las mascarillas".
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Para el fiscal, en todo el proceso de contratación del material sanitario en el Ministerio era "garantizar el máximo beneficio" de Aldama, una persona, que según Luzón, estaba empotrado en Transportes.
Aunque el fiscal ha reconocido los problemas que en el inicio de la pandemia había para el abastecimiento de mascarillas, ha opinado también que eso no puede "evitar analizar y perseguir aquellas conductas que al abrigo de esa situación de emergencia permitió a determinadas personas un beneficio ilícito".
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Ha reconocido también que debido a los escasos requisitos que se exigían en los procedimientos de contratación de emergencia, ha ido "muy difícil" encontrar en la documentación del contrato con Soluciones de Gestión algún incumplimiento de la norma y, por eso, no puede acusar de prevaricación.
Pero sí que tiene claro que en la decisión de contratar con esa empresa "no hubo imparcialidad ni objetividad", porque se le adjudicó de "forma arbitraria". Y tampoco acusa de malversación por que el precio por mascarilla que ofrecía Soluciones de Gestión era adecuado dada la disparidad que había en ese momento.
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No obstante, el Ministerio que dirigía Ábalos "se cerró a nuevas ofertas o no las tomó en consideración, porque había un acuerdo cerrado y privilegiado con Aldama".
"No hay rastro de ninguna otra oferta y si las hubo, fueron directas a la papelera", ha enfatizado.
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Además, Luzón ha explicado que la orden ministerial con el número de mascarillas a adquirir se emitió después del acuerdo con Aldama y ha dicho que el procedimiento se hizo en este caso al revés: "Se definió el objeto de la emergencia en función de las necesidades de Aldama y sus socios".
Para el fiscal, la intervención de Ábalos está "acreditada", al menos en dos ocasiones. La primera cuando cambió la orden para incluir 8 millones de mascarillas y no 4, como inicialmente ponía.
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La segunda, cuando los responsables de Puertos del Estado, que era quien contrataba, se plantearon rescindir el contrato con Soluciones de Gestión porque pasaban los días y no llegaba el material y porque tenía una oferta mejor, el exministro dijo: "Seguimos con la que teníamos".
Durante la exposición de su informe, Luzón se ha referido al "aumento significativo" de los ingresos de Ábalos y de su exasesor, si bien ha reconocido la dificultad para probar algunas partidas de efectivo.
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Sobre los pagos del PSOE a ambos, el fiscal ha avalado lo datos facilitados por el partido, que cuantifico los pagos entre 2017 y 2019 en 17.000 y 19.000 euros al exministro y su exasesor y podrían cuadrar con los gastos que adelantaban por sus actividades en la Secretaría de Organización de esa fuerza política.
A no ser, ha puntualizado, que Koldo García, que era quien presentaba los gastos, los falseara. EFE
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