Madrid, 28 abr (EFE).- Este martes 28 de abril, a las 12:33 horas, se cumplirá un año del apagón en la España peninsular, un incidente que los informes técnicos publicados consideran que fue "multifactorial" y que ha impulsado la aprobación de distintas medidas para hacer el sistema eléctrico español más resiliente.
Aunque el diagnóstico compartido es que el 'cero eléctrico' tuvo como causa principal un problema de sobretensión, el por qué las tensiones se descontrolaron hasta provocar el colapso aquella mañana continúa enfrentando al operador del sistema, Red Eléctrica, y a las compañías eléctricas.
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En términos generales, los análisis concluyen que el suceso se debió a un problema de tensión; que fue multifactorial; que no fue un ciberataque; que la producción renovable, por sí misma, no tuvo nada que ver, y que la colaboración entre agentes fue clave para que la reposición del suministro eléctrico se culminase en horas.
Pero existe un divorcio total a la hora de aclarar qué eslabón de la cadena de control de tensión falló, y si fue un episodio inesperado o existieron avisos previos.
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La principal novedad de las últimas semanas son los expedientes sancionadores abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ascienden a medio centenar y van subiendo.
Entre ellos destacan los procedimientos por posibles infracciones muy graves que afectan a Red Eléctrica, la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (participada por Iberdrola, Endesa y Naturgy) y a Iberdrola Generación Nuclear.
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También ha incoado expedientes graves a Iberdrola, Endesa, Naturgy, Engie, TotalEnergies o Repsol, entre otros.
A nivel normativo, se han puesto en marcha medidas para fortalecer y mejorar la estabilidad de un sistema eléctrico cada vez más complejo.
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El más destacado ha sido la revisión del procedimiento de operación 7.4 que la CNMC aprobó en 2025 y que entró en vigor a comienzos de este año, que permite a las renovables participar en el control dinámico de tensión previa habilitación de las plantas.
En paralelo, Red Eléctrica opera desde el día siguiente del apagón con la conocida "operación reforzada", que supone aumentar la programación de ciclos combinados, los cuales generan electricidad a partir de gas natural y aportan estabilidad al sistema.
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El coste de esta operación reforzada hasta el 31 de marzo de este año asciende a 666 millones de euros, lo que implica 4 céntimos al día para un usuario con la tarifa regulada PVPC con un consumo medio mensual de 300 kilovatios hora (kWh), de acuerdo con los datos del operador.
El debate también ha alcanzado el ámbito parlamentario. Así, la comisión de investigación del Senado, controlada por el PP, ha señalado al Gobierno, a Red Eléctrica y a la CNMC como responsables del incidente, mientras que la del Congreso apenas ha echado a rodar.
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Además, el 'cero eléctrico' cuenta con una derivada judicial y es que las eléctricas pelean, de momento sin éxito, por hacerse con las 8.000 conversaciones que Red Eléctrica aportó a la causa, ya archivada, que investigó un posible ciberataque.
Al margen de ello, un juzgado de lo Mercantil de Madrid se ha declarado competente para investigar la demanda por presuntos actos de competencia desleal interpuesta por Iberdrola contra Redeia y Red Eléctrica por difundir informaciones que habrían perjudicado la reputación de la multinacional española en el mercado.
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A esto se añadirían los previsibles recursos que las empresas que terminen siendo sancionadas por la CNMC presentarán ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. EFE
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