Madrid, 27 abr (EFE).- Seopan solicita un cambio de financiación de infraestructuras para hacer frente a las necesidades de inversión y considera que la tarificación viaria, el pago por el uso, es lo más eficaz para garantizar la conservación y calidad de las carreteras sin aumentar impuestos ni comprometer otros servicios públicos.
La asociación, que aglutina a las grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras, calcula que un sistema de pago por distancia, que supondría en promedio 111 euros anuales por usuario, permitiría generar hasta 43.260 millones en una década destinados a la conservación de la red, la transición ecológica y la digitalización, además de aportar 4.100 millones de recaudación en 2.680 municipios.
De cara a este cambio de modelo, además de la tarificación de las carreteras, reclama en un comunicado mayor inversión pública y la reactivación de la colaboración público-privada.
Y es que según sus cálculos, en conjunto, España necesita invertir en infraestructuras 407.341 millones durante la próxima década.
En su rueda de prensa anual, Seopan denuncia que el modelo concesional está prácticamente paralizado y que en 2025 solo se licitaron 2.218 millones en concesiones de obra, apenas el 1,9 % de la licitación pública total.
En este sentido, lamenta que desde la aprobación de la Ley de Desindexación en 2015, la licitación de concesiones de obra se ha hundido un 84 % y cerca de una de cada cinco (19,2 %) han quedado desiertas, desistidas o renunciadas.
La patronal ve preocupante que en 2024 se invirtiese solo el 52 % de lo que se destinaba en 2009 y que áreas tan urgentes como el transporte, el abastecimiento de agua y la gestión de aguas residuales hayan pasado de representar el 3,9 % del gasto público total en 2008 al 1,7 % en 2024.
"Es momento de pasar de una etapa de infrafinanciación a una de impulso decidido, con visión estratégica, y una apuesta firme por la inversión y la colaboración público-privada", señala en un comunicado el presidente de Seopan, Julián Núñez.
Además, reclama acometer una profunda modernización de la regulación y práctica de la contratación pública, realizando una adaptación técnica acotada de la Ley de Contratos que solvente los problemas de su aplicación práctica y garantice un mayor cumplimiento de plazos o presupuestos.
La Asociación destaca, asimismo, el negativo impacto en la inflación consecuencia del conflicto de Oriente Medio, con previsiones de entre el 3,2 % y el 3,6 % en 2026. EFE
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