Palma, 27 abr (EFE).- El Ayuntamiento de Palma ha recurrido la resolución del Gobierno central de retirar el monumento de Sa Feixina, en homenaje al crucero 'Baleares', y ha alertado de que esa decisión puede incurrir en prevaricación y desviación de poder, al obviar su protección patrimonial avalada por sentencia firme.
El consistorio ha solicitado la suspensión inmediata de la ejecución de la resolución estatal, dictada el pasado 26 de marzo, al considerar que su aplicación provocaría daños irreversibles en una pieza del patrimonio de Palma y en el respeto al ordenamiento jurídico.
En concreto, el recurso de alzada es contra la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del pasado 26 de marzo que acordó la inclusión del monumento de Sa Feixina en el catálogo estatal de símbolos contrarios a la memoria democrática y ordenó su retirada, ha informado el ayuntamiento en una nota.
El consistorio sostiene que la decisión del Gobierno central "contraviene de forma directa resoluciones judiciales firmes y podría incurrir en supuestos de prevaricación y desviación de poder, al adoptarse al margen del ordenamiento jurídico y de lo ya resuelto por los tribunales".
El recurso interpuesto recuerda que el monumento fue adaptado en 2010 a la normativa de memoria histórica, eliminando cualquier elemento de exaltación franquista e incorporando una reinterpretación democrática.
Posteriormente, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma de 2020, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares en 2021, declaró el monumento bien catalogado del patrimonio histórico de Baleares.
En el recurso, el ayuntamiento subraya que consta acreditado que el bien está protegido legalmente y que los elementos contrarios a la memoria democrática que incluía fueron sustituidos, por lo que la resolución estatal contraviene los preceptos legales de referencia.
“Habiendo declarado nuestros tribunales que el monumento es un bien inmueble en el que concurren valores históricos, arquitectónicos y artísticos, resulta clara la obligación de no promover su destrucción ni su traslado, por el evidente riesgo para su integridad”, recoge el recurso.
El ayuntamiento incide en que el monumento goza de protección patrimonial y que su retirada o traslado supondría una pérdida irreparable para el patrimonio arquitectónico de Palma, además de conculcar “abierta y directamente” el principio de división de poderes.
También alegan que la decisión estatal vulnera la propia Ley de Memoria Democrática, que excluye la retirada de elementos cuando concurren valores artísticos o patrimoniales protegidos, como sucede en este caso.
Según el consistorio palmesano, de mantenerse la orden de retirada, se podría estar actuando a sabiendas de su injusticia, lo que podría derivar en responsabilidades penales en el ámbito de los delitos contra el patrimonio histórico.
El recurso incorpora las sentencias que avalan la protección del monumento, por lo que existe un conocimiento formal completo por parte de la Administración estatal
Indican que distintas entidades como la Real Academia de la Historia, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ICOMOS (órgano consultivo de la Unesco) y la Asociación de Rehabilitación de Centros Antiguos (ARCA) han defendido el valor histórico, artístico y arquitectónico del monumento y su permanencia como elemento protegido.
El obelisco fue erigido en 1948 para homenajear a las víctimas del crucero franquista 'Baleares', hundido por proyectiles republicanos en marzo de 1938, durante la batalla del Cabo de Palos. Trece meses antes, el 'Baleares' participó en el bombardeo de la población civil que huía de Málaga hacia Almería por la carretera litoral, un episodio conocido como 'La Desbandá'. EFE
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