El Gobierno y la Iglesia rechazan la prioridad nacional, Vox insiste y el PP matiza

Madrid, 24 abr (EFE).- El Gobierno ha apuntado este viernes a la inconstitucionalidad de la prioridad para los españoles en las ayudas públicas, un principio pactado entre Vox y el PP en varios gobiernos autonómicos, que los primeros tratan de extender y los segundos justifican y matizan y que este viernes ha recibido tambén un claro rechazo de la Iglesia católica.

Una semana después de incluirse en el pacto de investidura extremeño, la izquierda ha redoblado las críticas hacia el concepto de prioridad nacional, tras pactarse de nuevo en Aragón.

El Gobierno ha advertido esta semana que acudirá a los tribunales si percibe incumplimientos legales al aplicarse esa prioridad nacional, y este viernes ha dejado claro a través de su presidente, Pedro Sánchez, que le parece inconstitucional.

"Están hablando de crear ciudadanos de primera y de segunda clase, de violar un principio básico de nuestra Constitución como es la no discriminación y la igualdad entre ciudadanos, vivan donde vivan, sea cual sea su origen, su raza, su orientación sexual o su género", ha dicho Sánchez en Chipre, al indicar que coincide con Amnistía Internacional en que ponen en riesgo los derechos humanos.

Además, la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha subrayado este viernes el rechazo: "Tendrán al Gobierno de España enfrente e iremos donde se tenga que ir".

El presidente catalán, Salvador Illa, en un discurso sobre seguridad, ha hecho referencia a la prioridad de españoles ante extranjeros argumentando que segmentaría a la población, al tener unas personas más derechos que otras con los mismos deberes, lo que perjudicaría a la convivencia.

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, lo ha repudiado al contestar sobre ello que para la Iglesia "la dignidad de la persona humana es intocable, irrenunciable y no se puede reducir" y explicar que "cuando se quiere anular, excluir o eliminar al otro, en eso, la Iglesia no está ni puede estar, ni estará nunca".

El portavoz de los obispos españoles ha añadido que los católicos se rigen por el amor al prójimo, para concluir: "Y el prójimo no es solo el que es de mi partido, no es el que es de mi país, no es el que es de mi lengua, ni siquiera es el que es de mi religión".

Mientras, Vox ha tratado por segunda vez de extender su concepto a un texto del Congreso, tras el rechazo esta semana del PP a su moción sobre la prioridad nacional si no se enmendaba.

Ahora Vox ha registrado una proposición sobre acceso a la sanidad que va más allá incluso, pues pide "proceder a la remigración" de extranjeros que no contribuyan a la economía, porque "erosionan el estado de bienestar de los españoles".

Además, su líder, Santiago Abascal, ha advertido desde Ayamonte que el concepto de prioridad nacional será un "asunto prioritario" e innegociable en cualquier conversación con el PP para la aprobación de presupuestos autonómicos.

El debate sobre la concreción de a quien se refiere específicamente ese principio ha llegado a las propias filas del partido que lo ha puesto en circulación.

Si ayer el portavoz de Vox en el Parlament de Cataluña, Joan Garriga, aseguraba que a estos efectos "es español el nacido de padre y madre española", el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha dicho este viernes que esa es una interpretación errónea porque la legislación española dice que "es español quien tiene el DNI" y que "hay personas que no tienen padre o madre español y acaban siendo españoles".

Por parte del PP, el presidente murciano, Fernando López Miras, ha antepuesto la "prioridad legal" frente a la prioridad nacional que Vox le exige como condición para aprobar una ley de vivienda asequible. "Cualquier cosa que esté al margen de la ley no se puede hacer", ha resaltado.

En la Comunitat Valenciana, donde Vox señala que la prioridad también fue pactada en los acuerdos de legislatura, el portavoz parlamentario del PP, Nando Pastor, ha apuntado que el arraigo o residencia ha estado siempre presente, y que el PP se documenta ante una propuesta de Vox para "matizarla y enmendarla".

Para el portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, la prioridad o el arraigo son "cuestiones terminológicas", ya que gobiernos de la izquierda defendían ayudas a jóvenes deportistas si eran valencianos, por ejemplo, para compararlo con el debate actual.

En Baleares, el portavoz del Govern, Antoni Costa, al defender una exigencia de 5 años de residencia legal para acceder a una vivienda de protección pública, ha considerado "de sentido común priorizar a la gente de aquí", mientras la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha indicado que las ayudas ya se concedían en base al arraigo y la situación administrativa regular de los solicitantes, independientemente de su origen, para justificar la nueva prioridad nacional.

A nivel municipal se han sucedido casos de división de alianzas entre PP y Vox, como en el Ayuntamiento de Toledo, donde el pleno ha rechazado este viernes una moción del PP sobre regularización de inmigrantes porque Vox pretendía incluir el término prioridad nacional. EFE