Prioridad nacional, menos impuestos y "libertad frente adoctrinamiento" en el pacto PP-Vox

Zaragoza, 22 abr (EFE).- El acuerdo de gobierno firmado por PP y Vox en Aragón fija una hoja de ruta de legislatura centrada en el endurecimiento de la política migratoria, sobre todo hacia los menores, y el establecimiento de la prioridad de los nacionales en el acceso a ayudas sociales, así como rebajas de todos los impuestos, desahucios exprés y un plan que apueste por la libertad "frente al adoctrinamiento".

Los presidentes de PP y Vox en la comunidad, Jorge Azcón y Alejandro Nolasco, han rubricado, 73 días después de las elecciones, el pacto que permitirá la investidura del primero la próxima semana y que, estructurado en trece bloques, presenta el pacto como la base de un “gobierno único” de coalición con “pleno respeto a la jerarquía y competencias” de sus miembros y con el objetivo de dar “estabilidad” a Aragón durante toda la legislatura.

Según el acuerdo, ambas formaciones se comprometen a actuar con lealtad, transparencia y comunicación permanente.

Además, PP y Vox se emplazan a elaborar y aprobar unos presupuestos anuales para los ejercicios 2027, 2028, 2029 у 2030, siempre buscando reducir la presión fiscal que soporta la ciudadanía.

Precisamente, la imposibilidad de llegar a un acuerdo presupuestario entre PP y Vox durante dos años seguidos fue lo que motivó el adelanto electoral.

En el bloque de fiscalidad, el acuerdo plantea una bajada progresiva del IRPF, deducciones por nacimiento o adopción de hijos, ventajas fiscales para el medio rural, con tipos reducidos para comprar vivienda, incentivos a nuevas empresas y actividad agraria, así como la bonificación del 99 % en Sucesiones y Donaciones para el grupo II, rebajas en Actos Jurídicos Documentados y reducciones del 80 % en varias tasas y precios públicos.

En lo que respecta a inmigración, además de la referencia a la prioridad nacional, el acuerdo establece el rechazo expreso a la llegada de más inmigrantes en situación irregular, incluidos menores no acompañados, y la oposición a cualquier reparto acordado por el Gobierno central.

El texto plantea además un plan de retorno y repatriación, una partida de 100.000 euros para pruebas de determinación de edad, el endurecimiento del régimen interno de los centros de menores y la supresión de subvenciones a ONGs que, según el pacto, favorezcan la inmigración ilegal.

El acuerdo también incluye un bloque de “libertad frente a adoctrinamiento e imposición” que plantea la reforma de la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés para, según el texto, “librar a Aragón de la imposición del catalán”.

Este apartado añade además la revisión del conjunto del ordenamiento autonómico para derogar o reformar normas que ambas formaciones consideran ideológicas o lesivas para la libertad, aunque sin detallarlas, así como la eliminación o reorientación de organismos y estructuras administrativas vinculadas a esos fines o que juzguen superfluos.

El acuerdo entre PP y Vox en Aragón apuesta por una revisión periódica del gasto público mediante auditorías al cierre de cada ejercicio para detectar partidas improductivas o injustificadas y plantea recortar al 50 % las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que no acrediten una utilidad pública efectiva.

El texto añade además el mantenimiento en el mínimo legal de la cooperación al desarrollo exterior y condiciona cualquier ayuda pública a la justificación previa de su destino y de su utilidad real.

En el apartado de Seguridad, plantea crear un servicio de verificación del fraude prestacional, del padrón y de la residencia efectiva para detectar empadronamientos ficticios, fraudes en ayudas públicas y redes ligadas a la sobreocupación de viviendas o “pisos patera”.

El bloque prevé también reformar el acceso a la vivienda protegida con un registro único y centralizado de demandantes y con criterios reforzados de arraigo, vinculación con Aragón y prioridad para perfiles vulnerables, como jóvenes, familias numerosas o personas con discapacidad, a lo que suma el rechazo expreso a la ley estatal de vivienda aprobada por el Gobierno central.

El blindaje del sector primario frente a la agenda 2030 es la primera medida del apartado dedicado al sector primario, que prevé también mantener libre a Aragón de cargas y tasas autonómicas derivadas del Pacto Verde y establecer un fondo de compensación frente a "normativas comunitarias gravosas".

Respecto a Educación, se incluirá la historia del terrorismo en España en los planes de estudio y se suprimirá la aplicación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.

Finalmente, en el apartado sobre familia y sanidad, se aprueba la introducción de la perspectiva de familia en la acción de gobierno, con la elaboración, con carácter preceptivo, de un informe de impacto en la familia que acompañe a cada ley que se apruebe. EFE