San Sebastián, 22 abr (EFE).- El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha respaldado las resoluciones del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria que dejan sin efecto los artículos 100.2 concedidos a los etarras Soledad Iparragirre, Anboto, y Juan Ramón Carasatorre y que, en su opinión, "corrigen decisiones del Gobierno Vasco que nunca debieron adoptarse".
El Colectivo ha asegurado en un comunicado que estas resoluciones "avalan exactamente lo que Covite lleva años denunciando: se está vaciando de contenido la legalidad penitenciaria para facilitar la semilibertad a presos de ETA sin cumplir de verdad los requisitos legales para ello".
Covite ha destacado que el juez de Vigilancia Penitenciaria recuerda en estos autos que el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario es "una vía extraordinaria que exige una justificación individualizada, una motivación reforzada y, sobre todo, la existencia de un programa específico de tratamiento que no pueda ejecutarse dentro de prisión".
"En el caso de 'Anboto', el auto concluye que no concurrían los requisitos necesarios para aprobar una flexibilización de esa naturaleza, mientras que en el de Carasatorre la resolución judicial es todavía más contundente ya que constata expresamente que no se presentó ningún plan, pese a haber sido requerido, y ser un requisito esencial", ha denunciado Covite.
El colectivo ha opinado que la actuación administrativa del Gobierno Vasco "rayó la prevaricación", al tiempo que ha insistido en denunciar el "fraude" que, a su juicio, suponen las "cartas privadas de supuesto arrepentimiento" de los presos de ETA para progresar de grado.
Covite ha hecho, por último, un llamamiento al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que "extremen el control y actúen con mayor celeridad y firmeza ante este tipo de beneficios penitenciarios concedidos a presos de ETA sin el rigor legal exigible". EFE

