La falta de coordinación y la rigidez laboral lastran la eficacia de las rentas mínimas

León, 21 abr (EFE).- La falta de coordinación entre administraciones, la rigidez de los requisitos laborales y las dificultades para compatibilizar empleo y prestación son los principales obstáculos para que los programas de rentas mínimas cumplan su objetivo de inclusión social, según un estudio académico que analiza el funcionamiento en cinco comunidades.

El trabajo, firmado por investigadoras e investigadores de las universidades Pública de Navarra y Complutense de Madrid, publicado recientemente en la 'Revista Española de Sociología', y recogido por EFE, examina los retos actuales de los programas de rentas mínimas a partir de encuestas a más de 500 profesionales de servicios sociales y empleo y entrevistas en profundidad a personal técnico y directivo en cinco comunidades: Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana, La Rioja y Castilla y León.

El estudio constata una baja coordinación interinstitucional, tanto entre sistemas autonómicos —servicios sociales, empleo, vivienda o salud— como entre las comunidades y la Administración General del Estado, responsable de gestionar el ingreso mínimo vital (IMV).

Esa falta de engranaje, subraya el estudio, se traduce en sobrecarga administrativa, retrasos en la gestión, incidencias por cobros indebidos y dificultades añadidas para las personas beneficiarias, que deben interactuar con varias administraciones para acceder a prestaciones y apoyos de inclusión.

El artículo recoge además que la entrada en vigor del IMV ha incrementado notablemente el trabajo de los servicios autonómicos.

Más del 80 % del personal técnico encuestado reconoce que la prestación estatal ha generado un aumento significativo de consultas ciudadanas y trámites, al tiempo que en muchos casos ha obligado a complementar el IMV con ayudas autonómicas o locales.

Pese a las críticas recurrentes a la condicionalidad, los datos revelan que existe un amplio consenso técnico en su legitimidad. Más del 95 % de los profesionales consultados considera adecuados requisitos como estar inscrito como demandante de empleo o mantenerse disponible para trabajar o formarse.

Sin embargo, el artículo advierte de las tensiones que genera este enfoque en un mercado laboral caracterizado por la alta temporalidad, los bajos salarios y la inestabilidad, factores que afectan especialmente a las personas perceptoras de rentas mínimas.

En ese contexto, la exigencia de activación puede chocar con la realidad de empleos de corta duración y provocar inseguridad económica en los hogares.

Otro de los ejes analizados son los estímulos al empleo diseñados para evitar la "trampa de la pobreza", es decir, que trabajar acabe suponiendo la pérdida casi inmediata de la prestación.

Mientras Navarra y País Vasco cuentan con mecanismos más desarrollados, Castilla y León apenas ha introducido ajustes parciales que permiten no computar determinados ingresos laborales durante un tiempo limitado.

Según el estudio, estos incentivos tienen efectos positivos moderados, pero su impacto se ve limitado por la complejidad administrativa, la falta de información y la escasa agilidad de los sistemas para adaptarse a trayectorias laborales irregulares.

Los autores concluyen que los problemas de las rentas mínimas no se explican solo por su diseño o su gobernanza sino por factores estructurales como el funcionamiento del mercado de trabajo y el acceso a la vivienda, que desbordan la capacidad de estas políticas.

Por ello, defienden un enfoque más amplio que reconozca el valor integrador de las prestaciones económicas y refuerce su coordinación con otras políticas sociales y económicas. EFE

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