La Fiscalía investiga denuncia de entidades sociales contra CAF por participar en el tren ligero de Jerusalén

Seis organizaciones de la sociedad civil han presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el Consejo de Administración de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), así como contra los directivos de seis filiales, por la participación de la empresa vasca en el proyecto del Tren Ligero de Jerusalén. Según han asegurado, la Fiscalía les ha confirmado la apertura de una investigación.

Según explican en un comunicado, la denuncia, registrada el 18 de febrero, está impulsada por NOVACT, la Comunitat Palestina de Catalunya, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, ODESCA, Paz con Dignidad y SUDS, representadas por el Centro Guernica 37.

En el escrito presentado ante la Fiscalía, señalan que CAF participa desde 2019 en el desarrollo del proyecto "con un papel que va mucho más allá de una colaboración puntual" porque "se encarga de ampliar la Línea Roja del JLR, construir la Línea Verde, suministrar y renovar trenes y desplegar sistemas de señalización, energía y comunicaciones", además de "operar y mantener ambas líneas a través de una empresa conjunta en la que posee el 50% de participación, con contratos de entre 15 y 25 años".

De este modo, destacan que "CAF, en consorcio con la empresa israelí Shapir, ha desempeñado un papel central en el desarrollo y la operación del Tren Ligero de Jerusalén, proporcionando servicios clave sin los cuales el proyecto no habría alcanzado su estado actual", y tiene una participación "estructural e indispensable" para el funcionamiento y la expansión del sistema de tranvía "no solo por su alcance técnico".

La denuncia sostiene que "la infraestructura conecta los asentamientos israelíes en Jerusalén Este ocupada entre sí y con Jerusalén Oeste, reforzando su integración y crecimiento, al tiempo que profundiza la fragmentación de los barrios palestinos".

Asimismo, plantea que las actividades de CAF en relación con el Tren Ligero de Jerusalén contribuyen presuntamente a "la consolidación de la anexión ilegal por parte de Israel de Jerusalén Este ocupada, al mantenimiento y expansión de los asentamientos ilegales de Israel en el territorio palestino ocupado, y al mantenimiento de prácticas discriminatorias e inhumanas por parte de Israel contra la población palestina".

A su entender, la actuación de CAF podría encajar en distintos preceptos del Código Penal español relativos a crímenes contra personas protegidas en conflictos armados, entre los que citan "conductas relacionadas con la participación en el traslado de población civil de una potencia ocupante al territorio ocupado, en el mantenimiento de prácticas discriminatorias y en la vulneración de la Cuarta Convención de Ginebra".

A LA AUDIENCIA NACIONAL

Las organizaciones denunciantes consideran que España tiene jurisdicción en este caso, lo que "sitúa también en el centro la responsabilidad de las autoridades españolas a la hora de actuar ante posibles vulneraciones del derecho internacional humanitario y de investigar los delitos a los que se contribuye mediante las empresas españolas".

Según han advertido, la denuncia llega tras "años de advertencias sobre los riesgos legales y reputacionales" del proyecto, pese a los cuales "la empresa ha mantenido su implicación, incluida la inauguración de la ampliación de la Línea Roja el 9 de marzo de 2025". En esta misma línea, señalan que el pasado mes de septiembre "CAF fue incluida en la base de datos de Naciones Unidas de empresas vinculadas a actividades en los asentamientos ilegales de Israel".

Las organizaciones denunciantes han explicado que la Fiscalía les ha confirmado la recepción de la denuncia y la apertura de una investigación sobre la misma.